El planteamiento del Gobierno de México de desviar un gasoducto (propiedad de TC Energy) de tierras indígenas reaviva las preocupaciones sobre el futuro de los proyectos de energía en el País.
El 4 de enero pasado, en su encuentro con comunidades indígenas otomí, náhuatl, totonaca y tepehua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el gasoducto Tuxpan-Tula no pasará por sus tierras.
Durante su gira, el Mandatario ofreció que su Gobierno buscará, junto TC Energy (antes TransCanada) una ruta alternativa, luego de que recibió la petición de la asamblea de los pueblos indígenas.
El gasoducto Tuxpan-Tula, que atraviesa los municipios poblanos de Honey, Pahuatlán y Tlacuilotepec, es una obra que, de acuerdo con habitantes y ambientalistas, pone en riesgo la biodiversidad del bosque de la Sierra Norte de Puebla y las comunidades colindantes de Hidalgo.
De acuerdo con la ficha técnica de Proyectos México, el gasoducto tendrá una inversión estimada de 458 millones de dólares.
El plan para desviar el conducto de Tuxpan-Tula en el centro de México, anunciado por el Presidente, sigue a una reestructuración de contratos que se realizó el año pasado y que obligó a los operadores de gasoductos a recortar las tarifas de envío.
