Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos el pasado 11 de junio en República Checa, acusados por autoridades de Estados Unidos de participar en una operación para intercambiar drogas por armamento de uso militar.
Entre los detenidos se encuentra José Miguel Alvarado Morales, de 23 años y con doble ciudadanía, identificado por autoridades estadounidenses como ahijado de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los mandos del CJNG detenido en abril pasado en Nayarit.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida, Alvarado Morales y los otros implicados —Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”— viajaron a Europa para negociar la adquisición de ametralladoras, lanzagranadas, morteros, explosivos y municiones.
La operación contemplaba que el armamento fuera enviado a México para ser utilizado contra grupos criminales rivales, además de civiles, policías y elementos de las Fuerzas Armadas, según la acusación estadounidense. El pago se realizaría mediante fentanilo y metanfetamina, con parte de las drogas destinadas al mercado estadounidense.
Dos ya fueron extraditados
López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un tribunal federal en Florida. Ambos enfrentan cargos relacionados con conspiración para cometer narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua.
Los otros dos detenidos permanecen en República Checa mientras continúa el proceso para determinar su extradición.
También localizaron un laboratorio en Jalisco
Un día después de las detenciones en Europa, autoridades mexicanas localizaron en Zapopan, Jalisco, un laboratorio presuntamente relacionado con Noé Díaz Jiménez.
En el inmueble fueron asegurados aproximadamente un kilogramo de fentanilo, sustancias químicas para elaborar metanfetamina, un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.
Las autoridades mexicanas estimaron que con el aseguramiento se evitó la producción de alrededor de 625 mil dosis de droga y se ocasionó una afectación económica superior a 714 mil pesos a las organizaciones criminales.
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