En el mundo es difícil hallar la perfección. En una democracia, ni se diga; si acaso resulta funcional, y ello puede provocar que, con críticas, comparaciones y desencuentros, exista una relativa confianza en aquellos que participan en el sistema democrático.

Para fortuna del caso de México, en las últimas décadas han surgido diversos organismos encargados de transparentar y vigilar el ejercicio de los recursos públicos y garantizar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de las autoridades federales y locales.

Hace dos semanas, el sábado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (el máximo órgano fiscalizador en nuestro país), presentó ante la Cámara de Diputados el Informe de la cuenta pública de 2019. Una de las principales revelaciones contenidas en el documento, fue que la cancelación del aeropuerto de Texcoco habría costado 331 mil millones de pesos: tres veces más de lo dicho por el actual gobierno.

El lunes por la mañana, el presidente externó su desacuerdo con la Auditoría y, como un maestro al que no le gustó la tarea entregada por el alumno, calificó el informe como una exageración, aseguró que él tenía “otros datos” y que estaría al pendiente de la aclaración por parte de la ASF.

Unas horas después de esta sugerencia (o reprimenda), el Auditor Superior David Colmenares salió a decir que, en efecto, había “inconsistencias” y “deficiencias metodológicas” en el reporte presentado por la institución a su cargo, lo que terminó por ensombrecer más la situación.

¿Qué ocurrió? Hay dos posibilidades: o hubo presión para que la Auditoría (por primera vez en sus 22 años de historia) se retractara en su informe de la cuenta pública o estamos ante un caso de incompetencia. A fin de cuentas, el resultado es el mismo: un enorme daño a la credibilidad de uno de los organismos más importantes para vigilar a los servidores públicos y combatir la corrupción.

¿Cómo solucionarlo? En primer lugar, el titular de la Auditoría Superior debería presentar su renuncia por falta de profesionalismo o por prestarse a manipular los resultados del proceso de fiscalización.

Algo que ha distinguido a la administración cuatrotera es su constante ensayo y su consecuente error. Anuncian, avisan, designan, proponen, nombran, reforman, y, si no les conviene la reacción, echan para atrás la decisión, con el objetivo de hacer creer que son capaces de reconocer sus errores. Primero afirman una cosa y luego otra.

La Cámara de Diputados debe llevar a cabo una revisión exhaustiva para aclarar lo ocurrido y no dejar la explicación en “los otros datos” del presidente de la República.

Porque, así como el tuerto manda en tierra de ciegos: en el país de los otros datos, el tergiversador es rey.