El pasado lunes 24 de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) cambiaron los lineamientos de vigilancia epidemiológica para el COVID-19 por unos que resultan muy parecidos a los nuestros: las personas asintomáticas no necesitan una prueba de diagnóstico.

Inmediatamente la comunidad científica y médica estadounidense explotó en críticas y reclamos. La mayoría de los expertos en salud pública calificaron la modificación de irresponsable y “potencialmente peligrosa”, especialmente ahora que hay un consenso casi universal (que nuestro doctor Gatell no suscribe) acerca de los beneficios de realizar más pruebas, de manera más frecuente y generalizada para poder alcanzar a los sectores más marginados de la población.

Los lineamientos anteriores de las CDC, recomendaban que todos los contactos de una persona que diera positivo al coronavirus debían realizarse una prueba independientemente de que tuvieran síntomas o no. La propia agencia hacía un énfasis específico en “el potencial de transmisión asintomática y presintomática” como un factor importante en la propagación del virus.

Por esta razón el cambio a las políticas de aplicación de pruebas fue recibido como un retroceso, un paso en la dirección errónea en el combate contra la pandemia.

Las protestas alcanzaron tal magnitud que, a los tres días de la modificación, Robert Redfield, director de las CDC, intentó aclarar que las recomendaciones seguían siendo las mismas y la Casa Blanca anunció que invertiría 750 millones de dólares en la compra de 150 millones de pruebas rápidas de diagnóstico.

¿Por qué actuaron de manera tan errática las autoridades de Estados Unidos? La respuesta más sencilla es Donald Trump. En plena contienda electoral, Trump busca mejorar sus posibilidades de reelegirse disminuyendo la cantidad de pruebas para dar la impresión de que los contagios van a la baja (aunque el resultado sea poner en riesgo la vida y la salud de millones de personas).

El control de una pandemia no depende de una sola herramienta, sino que involucra una serie muy amplia de habilidades que pueden ser un indicador de buen o mal gobierno.

Hay naciones que cometieron graves errores en el manejo de la emergencia (especialmente al inicio): China se esforzó más en esconder el virus que en contenerlo, Italia se tardó en implementar la cuarentena, España, Francia, Suecia y Reino Unido minimizaron la amenaza.

Sin embargo, todos estos países aprendieron de sus equivocaciones y pudieron corregirlas. En contraste, en México las autoridades parecen están aferradas a no realizar ningún cambio, aun cuando el fracaso está demostrado.

El presidente mexicano sigue resistiéndose a recomendar el uso del cubrebocas y las autoridades sanitarias continúan desestimando la importancia de hacer más pruebas cuando precisamente son más necesarias: en la etapa de reapertura.

El pasado 22 de agosto, alcanzamos las 60 mil defunciones oficiales (y sabemos que el subregistro es enorme). Un escenario que el mismo Dr. Gatell había calificado como “muy catastrófico”. La respuesta por parte del gobierno fue decir que vamos muy bien y que contar a los muertos es amarillismo.

Dos días después de que llegamos a la catástrofe, el titular del ejecutivo dijo: “Hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos, no es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios, el dato más duro y lamentable es el número de fallecidos, ¿eso cómo se oculta?”

Y efectivamente, nuestros muertos ahí estarán: como una muestra del fracaso de una estrategia que el gobierno nunca quiso reconocer.