Todos deseamos que la situación de las vacunas en nuestro país fuera un verdadero paliativo para esta enfermedad que embiste con fuerza. Con cada día que pasa, y al ritmo en que se aplican las dosis, sigue pareciéndonos que el problema puede agravarse y mantenerse entre nosotros por un largo periodo.

A la par del plan de vacunación contra la Covid-19, en días recientes ha tenido lugar una serie de manifestaciones de una porción importante del personal médico del país. Su demanda es urgente y clara: exigen que el sector privado sea vacunado de forma inmediata.

Lo que hay en el fondo de esas protestas es una petición o una tensión entre lo humano y laboral, que es preciso nombrar. En el contexto actual, no es concebible que no se haya vacunado en su totalidad al personal médico que labora en instituciones privadas, que da consultas en farmacias ni a aquel que trabaja de manera independiente o particular.

Son muchas las razones que orillan a las y los ciudadanos a buscar atenderse en un lugar distinto a las clínicas y hospitales del ISSSTE o IMSS; por otra parte, el Seguro Popular fue menos seguro y popular con su cambio de nombre al INSABI. La gente necesita atención médica y las largas horas en las salas de espera hacen insufrible cualquier duda y cualquier dolor.

De manera obvia, aquí entra un problema largamente presente y no menos ignorado. El acceso a la salud es uno de los grandes retos a que cualquier país debe enfrentarse. Un punto muy visible es que la gente debe recibir atención de calidad; pero uno que olvidamos es el de las condiciones en que el personal de salud privado y particular hace y ofrece su trabajo.

Con el coronavirus rondándonos, con tantos números reales o escondidos y con tamaño volumen de pacientes, es altamente probable que esos médicos alcancen a contagiarse. El hecho de que estos médicos no estén adscritos al sector público hace que quienes administran las dosis los categoricen: según un capricho ignaro, ellos son de otro orden, y no de esa “primera línea” tan sonada.

A mediados de marzo surgió en Twitter la cuenta @VacunaMedicosMX, quienes se han dedicado a estimular y presentar un registro del personal de salud sin vacuna Covid, además de recordar datos que deberían observarse. Por ejemplo, para septiembre de 2020, según los números de Amnistía Internacional, en México se habían registrado 1,320 muertes del personal de salud por Covid-19 de un total de 72,000; el país en el mundo con más decesos registrados en ese rango poblacional.

A la fecha, sus datos indican que son más de 28 mil trabajadores de salud que no han recibido la vacuna, entre los que se encuentran médicos generales, odontólogos, ginecólogos y pediatras, por sólo mencionar a las cuatro frecuencias más altas de su necesario registro.

Se ha dado preferencia a funcionarios y promotores del gobierno y a algunos sectores magisteriales, cuando lo urgente es que todo el personal médico reciba la vacuna, sin importar que trate específicamente o no a pacientes con Covid.

El desinterés oficial tiene contra la pared a esos otros médicos y, como dice la canción, les está costando la vida saber que los están olvidando. Por eso digo que resulta inconcebible que se les ignore y no se atiendan sus demandas.

Cada enfermera, afanador, camillero, médico, ginecólogo, dentista, pediatra que muera contagiado por esta enfermedad sin haber sido vacunado, deberá contarse como responsabilidad del gobierno mexicano.

Es un peligroso acto de discriminación que debe resolverse cuanto antes.