El viernes 5 de junio de este año, un grupo de presuntos anarquistas salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar en contra del abuso policial por los casos de Giovanni López en Jalisco y de George Floyd en Estados Unidos.

Ese día, Melanie “N”, una joven menor de edad que venía con el grupo de supuestos anarquistas, resultó golpeada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Afortunadamente la joven no sufrió lesiones graves.

A raíz de este hecho, el domingo 7 de junio la Jefa de Gobierno anunció que se crearía un nuevo protocolo de actuación policial.

El 29 de junio, la titular del Ejecutivo capitalino dijo que el documento estaba prácticamente listo, pero pasó todo el mes de julio sin que se volviera a hablar del tema.

Fue hasta el lunes 3 de agosto cuando el nuevo secretario de Gobierno de la ciudad, el subsecretario de la dependencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local y el subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, ofrecieron una videoconferencia de prensa para platicar de un “Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México”.

Para empezar, un Acuerdo debe estar signado por la autoridad responsable, debe estar fundado y motivado y además tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial para su cabal cumplimiento.

Sin embargo, por lo menos hasta el pasado viernes, ningún protocolo de actuación policial había sido publicado por el Gobierno de la Ciudad.

En realidad, ese día lo único que se presentó fueron 8 diapositivas con un título muy largo y ninguna disposición novedosa: todas las medidas que venían en esas diapositivas, ya están previstas en las normas vigentes.

Un protocolo es una guía que describe las acciones que se deben seguir en una situación de emergencia, donde las decisiones tienen que tomarse rápido y las instrucciones deben ser precisas.

En lugar de crear un parche (que sólo servirá para confundir más a los elementos de la policía), las autoridades de la capital tienen que concentrarse en proponer una ley local que regule el uso de la fuerza, armonizada con la Ley General en la materia y de donde se desprenda cualquier protocolo de actuación. Ese sería el camino correcto.

Una manifestación, si se torna violenta, puede dar lugar a situaciones tan peligrosas y delicadas en las que, si la autoridad no tiene claro cómo cumplir con su tarea, el resultado puede ser peor al que se tendría si ni siquiera hubiera estado presente.