Luego de la renovación del Poder Judicial en México, los tribunales iniciaron sus funciones con un considerable número de expedientes sin resolver del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), según señala el diario La Jornada.
El artículo señala que la carga de trabajo alcanzó los 573.043 asuntos pendientes de resolver en agosto de 2025, lo que representa un aumento de 20.370 expedientes respecto al mes de julio.
Este incremento ocurrió justo antes de la extinción del CJF en septiembre, momento en el que sus funciones fueron transferidas a dos nuevas entidades: el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
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Los datos oficiales revelan la magnitud del desafío: en julio de 2025, los tribunales y juzgados federales tenían 554.883 expedientes iniciales. Aunque ingresaron 126.781 y egresaron 128.991, el número de asuntos sin resolver continuó creciendo. En agosto, de un total de 760.690 recursos en existencia, solo se lograron resolver 187.647.
Para enfrentar esta situación, el nuevo OAJ cuenta con una capacidad instalada de 936 órganos jurisdiccionales, apunta el medio, incluyendo tribunales colegiados, de apelación, juzgados de distrito y centros de justicia penal, así como una plantilla total de 38.136 trabajadores.
Un elemento central de la nueva configuración —que incluyó también la renovación de la Suprema Corte— es la incorporación de nuevos juzgadores elegidos por voto popular. A mediados de septiembre, el pleno del OAJ aprobó la adscripción de las 846 personas juzgadoras que resultaron electas en la jornada cívica del 1 de junio.
Esta decisión fue tomada, según explicó el OAJ, para dar respuesta estricta a las necesidades y cargas de trabajo de los distintos órganos jurisdiccionales.
Con esta medida, el Órgano de Administración Judicial busca sentar las bases para una «nueva impartición de la justicia de calidad, ágil, cercana a la gente y con rostro humano», según argumentaros sus autoridades. Sputnik
