Familias o grupos de personas se aprovechan de inmuebles o terrenos desocupados para establecerse, manifestó José Luis Rodríguez
Por Ignacio Arellano Mora
La Alcaldía Cuauhtémoc encabeza la lista de lugares donde más se comete el delito de despojo, del 2011 al 2016, sólo se registraron 2 mil 747 denuncias, es decir, un promedio anual de 457 delitos. Mientras en Iztapalapa el registro fue de 2 mil 638 delitos de este tipo, un promedio anual de 439, de acuerdo con una solicitud de información presentada por un particular a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
El vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, lamentó que por parte de anteriores autoridades no se le dio la importancia que merece este delito por lo que, expresó, “es de verdadera importancia hacer las modificaciones propuestas para garantizar los preceptos constitucionales federales y locales que se establecen como derechos humanos de los ciudadanos.
En tribuna, explicó, “actualmente esta acción delictiva se ha vuelto una forma de adquirir viviendas en nuestro país, ya que existen familias o grupos de personas que se aprovechan de inmuebles o terrenos desocupados durante largos periodos para establecer en dichos bienes ajenos sus casas o negocios”.
“El problema se ha visto agravado como consecuencia de la falta de punibilidad del delito de despojo y la sanción que se les imputa a quienes los cometen de 3 meses a 5 años, permite que quienes delinquen queden en libertad con el solo hecho de pagar una multa”, precisó.
Expuso que de 2011 a 2016, las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Coyoacán, encabezaron la lista de lugares donde más se comete el delito de despojo.
Por ello, el legislador José Luis Rodríguez manifestó, “con la finalidad de reducir el delito de despojo y dar certeza a los habitantes de la Ciudad de México, es necesario aumentar las penas que actualmente tiene el Código Penal Federal y el Código Penal del Distrito Federal en la materia”.
Asimismo, agregó, “dar de 12 meses a 8 años de cárcel a quien ponga en riesgo el derecho a la propiedad privada que tienen las y los mexicanos”.
Al presentar ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México las propuestas de reforma a los artículos 237 y 238 del Código Penal del Distrito Federal, así como al artículo 395 del Código Penal Federal, el legislador comentó que, aunque ambas propuestas tienen la misma finalidad, ésta última deberá ser remitida al Congreso de la Unión para su análisis.
