• Policías comunitarias con López Obrador van en aumento, actualmente se registran aproximadamente 50 grupos
  • Guerrero el estado con más civiles armados: 23 grupos de autodefensas que operan en 70% del territorio, además se han integrado menores de edad al movimiento

María Escalante García 

Con la finalidad de dar a respuesta a la población afectada por la violencia e inseguridad en el país han surgido los llamados grupos de autodefensas. Fue durante el mandato de Felipe Calderón que comenzó este movimiento, pero el problema con López Obrador va en aumento, actualmente se registran aproximadamente 50 policías comunitarias que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco.

La primera guardia comunitaria surgió el 24 de febrero de 2013 en La Ruana, municipio de Michoacán, donde los civiles armados, liderados por Hipólito Mora, un ganadero y agricultor de la zona, se organizaron para defender su territorio del Cártel de Los Caballeros Templarios.

A la fecha, es Guerrero el estado con más civiles armados: 23 grupos de autodefensas que operan en 70% del territorio, de acuerdo a un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz.

Muchos de los grupos de autodefensa han sido reformados en cuerpos de guardias rurales o fuerza rural, los primeros bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y los segundos bajo el mando de la Policía Estatal. Aunque varios grupos siguen estando sin registrarse ni tampoco sus armas.

Estos grupos iniciaron con pequeñas armas, mosquetones, rifles calibres 22, armas reglamentariamente permitidas por la Sedena, pero poco a poco las autoridades fueron decomisando armas de grueso calibre (M4, AKM, MP5, G3, M60). Incluso se han visto con rifles de francotirador Barrett calibre 50; esta es una de las razones por las que el gobierno federal ordenó el desarme de las autodefensas, el cual no se ha llevado a cabo en su totalidad.

Recientemente en redes sociales fue difundido un video en el que se muestra alrededor de 30 menores de edad de entre 6 y 11 años, integrándose a la policía comunitaria en el municipio José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero.

Además, solicitaron al inquilino de Palacio Nacional que apoye a familiares de víctimas acribilladas por el grupo delictivo “Los Ardillos”, pese a la súplica el mandatario solo se concretó a decir que los menores no deben ser incluidos en estos grupos.

El presidente López Obrador hizo campaña con la promesa de acabar con la corrupción y la violencia aliviando la pobreza que impulsa la membresía de pandillas, lo que él llamó una estrategia de “abrazos, no balazos”, pero hasta ahora no ha logrado detener el derramamiento de sangre.

Menores armados  

Los “niños comunitarios”, como se les ha conocido a nivel internacional, reciben adiestramiento táctico tipo militar para disparar y saber posicionarse con las armas, pero solamente los que tienen más de 12 años usan armas de verdad, mientras que los más pequeños usan armas de madera o palos que simulan ser Ak-47 (cuernos de chivo) o AR-15.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) aseguró que el Estado Mexicano debe proteger a las comunidades indígenas y prevenir el reclutamiento de niños en los escenarios del crimen organizado.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de REDIM destacó que ya son tres actos públicos con expresiones de reclutamiento infantil que organizan la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores CRAC-PF como acto desesperado para llamar la atención del Estado Mexicano, lo que puede representar delitos federales para ellos e internacionales para el país.

El reclutamiento a niños y adolescentes puede configurar delitos como trata, corrupción de menores y explotación. Alfonso Poiré, asesor de la organización Save The Children México, coincidió en que el uso de niñas, niños y adolescentes en grupos armados no son aceptables desde ningún punto de vista, aunque al mismo tiempo llamó la atención sobre la responsabilidad de las autoridades en dar seguridad a la población y pidió que no se criminalice a las policías comunitarias.