• Entre 2018 y 2021, administración federal y estatales invirtieron en decenas de softwares o tecnología que pueden utilizarse para intervenir comunicaciones privadas  
  • La mayoría de las entidades intentaron negar dichas contrataciones, para luego reconocerlas y justificar que jamás se ejecutaron. 

María Escalante García  

Entre 2018 y 2021, tanto la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, como la de otros 16 gobiernos estatales invirtieron millones de dólares en decenas de softwares o tecnología que pueden utilizarse para intervenir comunicaciones privadas de ciudadanos, pese a que el presidente ha sostenido en diversas ocasiones que su gobierno nunca vigilaría a sus rivales políticos.  

A pesar de la escasa información pública, e-consulta y CONNECTAS, con apoyo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), elaboraron una base de datos sobre contrataciones de equipos de vigilancia, que identificó al menos 80 contratos de distintas administraciones, que destinaron 293.4 millones de pesos, es decir 14.4 millones de dólares, para la adquisición de distintos aparatos y softwares especializado en espionaje. 

Las compras de estos artefactos se plantearon como una solución para combatir la delincuencia y rescatar a víctimas cuya vida está en riesgo, pero los resultados de las vigilancias son un misterio por la falta de información oficial.  

La mayoría de las entidades intentaron negar dichas contrataciones, para luego reconocerlas y justificar que jamás se ejecutaron. Tres gobiernos que adquirieron estos productos, incluso, carecen de facultades legales para utilizarlos. Mientras tanto, el marco regulatorio mantiene inconsistencias que facilita el uso, a veces ilegal, de los dispositivos. 

Las operaciones, que fueron concretadas por la mitad de los estados del país y también por el Ejército pueden ser muchas más, ya que se desconoce la cantidad real de compras públicas por la opacidad del sistema. 

Tipos de vigilancias 

Estas adquisiciones facilitan a las autoridades del país ejecutar tres tipos de vigilancias: 

  1. Geolocalizaciones para conocer el historial de ubicaciones en las que se encuentran en tiempo real las personas mediante sus dispositivos o celulares. 
  2. La intervención de comunicaciones privadas. 
  3. La extracción de los archivos que contienen los dispositivos, así como pueden superar las contraseñas de bloqueo para acceder a los contenidos. 

Los gobiernos adquirieron, principalmente, el sistema Geomatrix con la empresa Neolinx de México SA de CV, especializado en intervenir geolocalizaciones, con una inversión nacional superior a los 147 millones de pesos, también compraron diversas licencias de UFED, un programa que sirve para extraer datos de dispositivos móviles y localizar información de ciudadanos en Internet, con un pago total de 34.2 millones de pesos. 

Durante el último trienio, los mayores interesados en adquirir estas tecnologías fueron cuatro fiscalías estatales: Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, que acumularon en conjunto 25 contrataciones para adquirir plataformas para el rastreo de ubicaciones y licencias de extracción de datos de dispositivos por 227.7 millones de pesos. 

Estas administraciones sumaron más del 77% de los gastos del país en esta materia. La Federación, por su parte, reportó con el Ejército una inversión de 18.4 millones de pesos en artefactos. 

Desde el pasado… 

México tiene antecedentes que refuerzan las sospechas sobre el abuso de estos dispositivos de vigilancia. La organización Forbidden Stories publicó que con el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group se espió a opositores del gobierno de Enrique Peña Nieto, como activistas, periodistas y también al propio López Obrador y su familia. 

Pese a los abusos pasados, las autoridades mexicanas firmaron compras en el primer trienio obradorista, herramientas que permiten continuar con la vigilancia de la ciudadanía. A pesar de que el presidente fue víctima de vigilancia ilegal y se manifiesta en contra de las intervenciones, durante su Administración no se reportaron cambios legales relevantes para reducir abusos en la materia. 

Hubo antecedentes recientes de vigilancias ilegales. Una víctima fue el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. En marzo de 2022 se filtró una llamada telefónica privada en la que confirmó conocer antes de discutirse el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a su cuñada, Alejandra Cuevas Morán, en ese momento acusada del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario. Durante marzo pasado, los medios nacionales publicaron que la autoridad investiga el origen de los audios filtrados, que no contaban con autorización judicial.