- El delito de extorsión, uno de los fenómenos delictivos más recurrentes en México, afecta de manera casi equitativa a hombres y mujeres
- A pesar de ser uno de los principales delitos cometidos en México, la extorsión figura entre los ilícitos menos denunciados
María Escalante García
El delito de extorsión, uno de los fenómenos delictivos más recurrentes en México, afecta de manera casi equitativa a hombres y mujeres, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las tasas revelan que 5 mil 249 mujeres y 5 mil 521 hombres por cada 100 mil habitantes han sido víctimas de este delito, lo que evidencia que la incidencia no distingue significativamente entre géneros.
Este panorama refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas y los mecanismos de prevención contra la extorsión. Al tratarse de un delito que vulnera tanto la seguridad personal como el patrimonio, sus consecuencias se expanden hacia el entorno familiar y social de las víctimas. Además, la igualdad en las cifras resalta que el problema no está vinculado únicamente a dinámicas de género, sino a una problemática estructural que requiere atención integral.
Es crucial que las estrategias de combate incluyan campañas de concienciación, líneas de denuncia anónima y un acceso ágil a la justicia, con un enfoque que contemple las necesidades de protección para todas las personas afectadas.
Delito silenciado
A pesar de ser uno de los principales delitos cometidos en México, la extorsión figura entre los ilícitos menos denunciados. Según estimaciones, de cada 100 casos registrados, únicamente en dos se abre una carpeta de investigación, lo que pone en evidencia una preocupante brecha entre la realidad delictiva y la acción institucional.
El bajo índice de denuncias obedece a diversos factores, entre ellos el miedo a represalias por parte de los delincuentes, la desconfianza en las autoridades y la percepción de que el proceso judicial es lento e ineficaz. Esto permite que la extorsión siga siendo un delito de alta incidencia y bajo castigo, perpetuando un ciclo de impunidad que afecta gravemente a la sociedad.
Es indispensable que se fortalezcan los canales de denuncia y se garantice la protección de las víctimas, promoviendo al mismo tiempo una cultura de confianza en las instituciones. Además, implementar medidas más efectivas de prevención y respuesta puede ser clave para desarticular redes criminales y mitigar el impacto de este ilícito en el país.
Tipos de extorsión
Los delitos de extorsión se caracterizan por contar con dos categorías: la indirecta y la directa. La indirecta es aquella que recurren al “premio”; “el familiar”; “amenazas”; “secuestro virtual”; “botiquín”; “negocios” o ciber extorsiones.
Mientras que la extorsión directa es aún más traumática, pues es la que se caracteriza por el derecho de piso o los delitos conexos que han afectado de diferentes formas a las familias mexicanas, en lo que es un delito patrimonial que afecta el entorno comunitario.
La extorsión es el segundo delito menos denunciado, con una cifra negra de 97.9% para el 2020, sólo por detrás del secuestro. Es decir, de cada cien casos, aproximadamente “sólo de dos se llegan a abrir carpetas de investigación”
Impacto
Las actividades delictivas relacionadas con la extorsión no solo afectan a las víctimas directas, sino que también generan repercusiones económicas que alcanzan a toda la sociedad. Un ejemplo claro es el impacto en el precio del limón, un producto de consumo básico cuyo costo se ha incrementado debido a las presiones de grupos criminales sobre los productores, transportistas y comerciantes.
La extorsión en este sector se traduce en cobros ilegales que los afectados deben trasladar al precio final del producto para mantener su operación. Esto provoca aumentos desproporcionados que no reflejan las condiciones reales del mercado, sino la influencia de prácticas delictivas que distorsionan la economía y castigan el bolsillo de las y los consumidores.
Para combatir este fenómeno, es esencial implementar estrategias que protejan a los productores y comerciantes, así como fortalecer la seguridad en las cadenas de distribución. De esta manera, se podrá reducir el impacto de la extorsión en los precios y garantizar un acceso más justo a los productos esenciales.