- Desplazamiento interno por violencia en México sigue en aumento, entre enero y junio de 2023, se registraron 26 eventos de esta índole
- Los mayores números se registran en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas
María Escalante García
La crisis de desplazamiento interno por violencia en México sigue en aumento, entre enero y junio de 2023, se registraron 26 eventos de esta índole en ocho estados del país (Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas). En total, al menos 7,710 personas fueron afectadas por estos desplazamientos, lo cual da un promedio de un evento por semana y 43 personas desplazadas al día.
Los datos, presentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, muestran un incremento en comparación con periodos anteriores. Durante el primer semestre de 2022, se contabilizaron 15 eventos de desplazamiento y 1,439 personas desplazadas. Esto significa que, durante este año, los sucesos aumentaron 73.3%, mientras que las personas desplazadas crecieron 435.8%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, durante el segundo semestre del año pasado, las cifras por estos casos fueron de 10 eventos y 8,163 personas desplazadas.
Según CMDPDH, sólo en junio de 2023, se han reportado cinco eventos de desplazamiento interno masivo, en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chihuahua. El total de personas desplazadas en estos eventos asciende a más de 1,700. En Chihuahua, en tres eventos registrados en la entidad, fueron desplazadas 625 personas; en Oaxaca, en un evento registrado en El Tlacuache, dejó a 300 habitantes desalojadas por conflicto de tierras entre este municipio y el de Santo Domingo Teojomulco, mientras que, en un evento en Michoacán, 800 personas fueron desplazadas.
Áreas geográficas
Además, la organización resaltó que, durante enero y junio de este año, la violencia se ha intensificado en áreas geográficas donde no solían existir este tipo de problemas, como en San Luis Potosí que, por primera vez, en mayo pasado, decenas de familias fueron desplazadas de la localidad de La Fortaleza por amenazas, ataques, homicidios y desapariciones forzadas, en un contexto de actuación de grupos del crimen organizado en la zona. Por otro lado, la propagación de la violencia en la frontera sur del país con Guatemala.
Entre estos, se ejemplificaron los casos de Comalapa, Chiapas, en donde, debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, cerca de la frontera, al menos 3,000 personas de 12 comunidades abandonaron sus lugares de residencia, por los asesinatos, saqueos de casas y amenazas de reclutamiento forzado de jóvenes; también lo ocurrido en Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, en el que un ataque a refugiados, por parte de la delincuencia organizada, dejó un total de siete víctimas mortales.
Por todas estas cifras, la organización hizo un llamado a las autoridades para que investiguen los casos de violencia, proporcionen medidas de seguridad y protección a las personas que han sido desplazadas y a que trabajen en soluciones que sean duraderas para lo que consideraron como una crisis humanitaria.
Razones
Por haber sido víctimas de agresiones contra ellos, su familia o amigos; por la presencia de la delincuencia organizada en su entorno o por extorsiones y cobro de derecho de piso, los mexicanos que más huyen de sus localidades son de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California y Oaxaca, revela el estudio «Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades».
El reporte, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), evidencia que más del 75 por ciento de los casos son desplazamientos forzados, a causa de la violencia generalizada en esas cinco entidades.
Al presentar los hallazgos de la investigación que realizaron entre octubre y diciembre de 2022 en los albergues de 12 ciudades de la frontera norte de México, Pablo Cabadas, integrante de la OIM, aclaró que no es una muestra nacional, pero alertó que estos datos son preocupantes porque dos de cada 10 de las personas entrevistadas en los albergues confesaron que tenían un familiar desaparecido, lo cual refleja que un alto porcentaje de los desplazados encuestados salieron de manera forzada, es decir, se vieron obligados a huir porque sus vidas corren peligro o porque ya perdieron a un familiar y desconocen su paradero.
