Miguel Ángel Casique Olivos 

“Mientras en América Latina carezcamos de instituciones sensibles a la desaparición y la violencia a las mujeres, sin personal especializado y mecanismos eficaces, el número de mujeres desaparecidas y feminicidios, seguirá aumentando”, advierte una nota periodística que, con el título Brutal desaparición de mujeres en AL, apareció en un diario de circulación nacional.

La desaparición de personas, tanto de mujeres como de hombres, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las familias mexicanas y de Latinoamérica, debido a que, cada vez con mayor frecuencia, sufre la pérdida de padres, madres, hermanos o hermanas. “Cuando tenemos suerte, las encontramos muertas. Cuando no tenemos suerte, no las encontramos ni vivas ni muertas”, informó Lidia Rueda, una activista ecuatoriana al hablar sobre la desaparición de mujeres en la región de nuestra América.

El pasado 10 de mayo, cientos de madres salieron a protestar casi en todo el territorio nacional para exigir que la autoridad federal averigüe el destino de sus hijas e hijos desaparecidos. No hay semana en que no se realice una protesta o una denuncia por este lamentable asunto; pero la insensibilidad oficial y la falta de mecanismos eficaces para evitar y atacar este problema hacen que éste se agrave y que la solución no llegue.

La del pasado 10 de mayo fue la décimo primera “Marcha de la Dignidad Nacional” y partió del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia. Las madres clamaron por una intervención gubernamental más activa y efectiva en la búsqueda de sus hijos y exigieron justicia. “Aquí no hay intereses políticos ni económicos, es de amor, de sentimiento y pedazos de nuestra carne que es la que buscamos; queremos encontrarlos, es todo lo que pedimos, ayúdenos a buscarlos por favor, tráiganlos de regreso a casa…”, clamó una mujer afuera de Palacio Nacional, donde vive y despacha el Presidente, quien nuevamente mostró sordera política ante este reclamo social.

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reproducido en su portal news.un.org (Noticias ONU), en México, los funcionarios públicos, tanto del ámbito federal como los del estatal y municipal, y el crimen organizado, fueron entre 2006 y 2021 los principales responsables de las desapariciones; el reporte refiere asimismo que las desapariciones forzadas crecieron exponencialmente y que las víctimas suman ya 95 mil 121, de las cuales más de 52 mil no han sido localizadas.

En la presentación del informe, difundido durante la visita de un funcionario de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) a México entre el 15 y 26 de noviembre de 2021, se recomendó al gobierno mexicano que definiera una política nacional que incluya acciones inmediatas para prevenir y atacar la “impunidad absoluta” que actualmente se asocia a las desapariciones, ya que éstas plantean la existencia de “una situación generalizada”.

El reporte señala que la impunidad facilita la tendencia al aumento del fenómeno, incluso afirma que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”. Como datos adicionales detalla que, hasta el 26 de noviembre de 2021, solo se había judicializado entre el dos y el seis por ciento de las desapariciones forzadas y que en todo el país solo se habían emitido 36 sentencias relacionadas con ese delito, ¡vaya justicia mexicana!