Miguel Ángel Casique Olivos

La historia, como en 2020, se repite: la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión –y con seguridad volverán a hacerlo en el pleno de la Cámara de Diputados–, la reforma con la que eliminarán 13 de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para destinar esos recursos públicos a las obras de relumbrón del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y quizás también al “cochinito” con el que los morenistas financiarán sus campañas electorales en los comicios de 2024.

Esos actos arbitrarios no son nuevos; en octubre de 2020, el Presidente y los legisladores morenistas desaparecieron 109 de estos instrumentos financieros con el mismo objetivo. Algunos de ellos fueron el Fondo Metropolitano (FM), el Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Minero (FM), Inversión y Estímulos al Cine (Foncine), de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FCICT), para el Cambio Climático (FCC), para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (FPPDDHP) y, entre otros, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FDAR).

La transferencia de esos recursos (68 mil millones de pesos) hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se efectuó mediante “el discurso de loro amaestrado” de la anticorrupción, sin considerar que millones de mexicanos (trabajadores y funcionarios públicos de todos los niveles y actividades, científicos, tecnólogos, docentes, estudiantes de posgrado, deportistas, damnificados, etc.) quedarían indefensos frente a la emergencia de múltiples problemas socioeconómicos y laborales.

La injusta supresión del Fonden, por ejemplo, ha provocado que hoy no sean atendidos con la celeridad y la atingencia necesarias la pérdida de empleos, viviendas, bienes domésticos, cultivos, cosechas, escuelas, carreteras, etc., que cada año y con demasiada frecuencia padecen decenas de miles de mexicanos debido a terremotos, tormentas tropicales e inundaciones.

En marzo de 2022, el portal forbes.com.mx informó que el gobierno de AMLO usaba “135 mil mdp de los fideicomisos desaparecidos” y que ese dinero no provino de ingresos tributarios. Ese año, a decir de los analistas de la Cámara de Diputados, los ingresos no tributarios fueron 385 mil 477 mdp, monto superior a los 181 mil 328 mdp de 2021. Esos recursos fueron supuestamente reasignados a los programas sociales del gobierno y a solventar problemas de salud, vivienda e infraestructura; pero la deplorable situación de estos sectores muestra que no fueron atendidos.

Hoy, cuando AMLO volvió a la cargada contra la SCJN y ordenó desaparecer 13 de sus 14 fideicomisos, no existe la menor duda de que el destino de ese dinero será atender los problemas de financiamiento de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, además de que asfixiará –como lo ha denunciado el diputado federal Héctor Saúl Téllez– “a todo aquel poder u órgano autónomo que no tenga consonancia con el gobierno”.

En esta situación se halla hoy el Poder Judicial contra el que, con el apoyo de los grupos parlamentarios afines al gobierno morenista en el Poder Legislativo, “se quiere perpetrar un asalto” que violenta la Constitución, varias leyes secundarias y omite las necesidades de muchos mexicanos sólo para satisfacer los caprichos u ocurrencias del autoritario titular del Ejecutivo Federal, quien se cree infalible y omnipotente.

Los diputados federales morenistas y sus aliados del PT y el PVEM deberían considerar que, en las elecciones generales de 2024, cuando se renueve completamente el Congreso de la Unión, algunos o muchos de ellos podrían no lograr su reelección en castigo por su antipatriotismo y mal comportamiento como representantes populares. Por el momento, querido lector, es todo.