Miguel Ángel Casique Olivos

México se halla entre los 30 países más expuestos a desastres naturales provocados por terremotos, huracanes, inundaciones, etc.; por tal motivo, su población está en riesgo permanente de perder la vida y sus bienes patrimoniales. En esta situación se encuentran los habitantes de Acapulco, Guerrero, donde el huracán Otis destruyó viviendas, hospitales, inmuebles turísticos, avenidas, autopistas, árboles, sistemas de electricidad y, sobre todo cientos o miles vidas humanas, cuya cifra real siempre se oculta a la opinión pública. Pero Otis recordó al gobierno fallido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que fue un gravísimo error haber desaparecido el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Las imágenes, en fotografía o video, de la devastación que este fenómeno natural provocó son tristes y aterradoras, pues las casas y las calles se inundaron completamente; los hoteles totalmente destrozados; hay escombros en todas partes; árboles, palmeras y postes de electricidad y cables de comunicación derribados; hospitales dañados y carreteras bloqueadas con rocas y deslaves. Se estiman decenas de muertes, más de 1 millón de personas afectadas y pérdidas millonarias en daños materiales.

Pero, como ocurre siempre que hay desastres naturales, quienes pagan las mayores consecuencias son los mexicanos que se encuentran en el desamparo y el olvido de los gobiernos municipales, estatales y el Federal, como pudo constatarse cuando AMLO, en vez de anunciar un plan magno de ayuda para los más necesitados, declaró: “la conexión se ha perdido por completo” y poco más tarde aparece posando ante los fotógrafos de prensa entre la maleza, mientras se encaminaba fallidamente hacia Acapulco. ¡Qué cinismo político el suyo, después de haber desviado a sus programas clientelares los más de 10 mil millones de pesos (mdp) del Fonden!

En la zona turística de Acapulco los daños son incalculables; pero los más graves se produjeron en la zona rural, como en la comunidad Sabinillas, donde la mayoría de las viviendas y las cosechas de los agricultores se perdieron. El apagón afectó a más de medio millón de personas en esa región; y este tipo de problemas seguirá porque la temporada de huracanes, que comenzó en mayo, terminará hasta finales de noviembre. El 21 de octubre, el huracán Norma, de categoría 2, llegó a las costas de Baja California; once días antes, Lidia –de nivel 4– impactó a Puerto Vallarta, Jalisco; y el pasado 25, Otis, de categoría 5, la más alta, ha dejado sin comida ni hogar a miles de guerrerenses.

Las víctimas de este huracán son equiparables a las de las inundaciones en Tabasco de hace casi un lustro, que el Gobierno Federal nada hizo para prevenir; a las de la tormenta tropical Agatha, que dañó a numerosas poblaciones rurales de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz; y a las del huracán Kay, en Baja California Sur y otros cinco estados de la región occidente de México.

Estos desastres, o cualquier otro que tenga usted en mente, justifican la existencia de un fondo especial destinado a brindar atención inmediata a los damnificados, justo como lo hizo con eficiencia el Fonden durante 24 años; pero el mandatario morenista lo eliminó junto con 108 fideicomisos, argumentando que los fondos se administraban de forma “corrupta”, sin considerar que dejaba en el desamparo y el abandono a millones de mexicanos, entre ellos los más débiles y empobrecidos de la patria, que hoy los vemos muertos y tirados en las calles o bajo los escombros de casas derribadas o bajo los deslaves de cerros, como han dado cuenta, con imágenes, varios diarios nacionales.