- El Departamento de Justicia sostiene que el gobernador de Sinaloa recibió apoyo criminal para llegar al cargo y permitió operaciones del Cártel de Sinaloa con impunidad; el caso quedó en manos de una jueza federal en Manhattan.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas por delitos de narcotráfico, armas y asociación criminal, al señalar que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de “Los Chapitos”, para introducir drogas a territorio estadounidense.
La acusación fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Además del mandatario estatal, los señalados son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
De acuerdo con el expediente, los 10 acusados “se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”.
En el caso de Rocha Moya, la fiscalía estadounidense asegura que llegó al gobierno de Sinaloa después de que “Los Chapitos” presuntamente lo ayudaron a ganar la elección mediante secuestro e intimidación de adversarios políticos. A cambio, sostiene la acusación, el gobernador prometió protección al grupo criminal mientras traficaba drogas hacia Estados Unidos y permitió su operación con impunidad en la entidad.
Respecto al resto de los imputados, las autoridades estadounidenses afirman que varios funcionarios y mandos de seguridad recibieron sobornos financiados con recursos del narcotráfico. Entre ellos menciona a Dámaso Castro Zaavedra, identificado como subprocurador general de la Fiscalía de Sinaloa, quien presuntamente recibía pagos mensuales para proteger a integrantes del grupo criminal y alertarlos sobre operativos policiales respaldados por Washington.
La acusación también señala a Juan Valenzuela Millán, mando de la policía municipal de Culiacán, de recibir pagos periódicos a cambio de brindar acceso al cártel a corporaciones locales y utilizar agentes para sostener el control territorial mediante detenciones ilegales, secuestros y asesinatos.
El documento añade que en octubre de 2023 Millán habría colaborado en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y un familiar suyo, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados por sospechas de colaborar con la investigación.
Hasta el momento, no se había informado de una postura oficial del gobierno de Sinaloa ni de los señalados sobre las acusaciones dadas a conocer por las autoridades estadounidenses.