CIUDAD DE MÉXICO. – El persistente problema del retraso en los pagos se ha consolidado como uno de los principales frenos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México. Un informe reciente arroja datos alarmantes: la liquidez de estas empresas se ve comprometida severamente por plazos de cobro que superan con creces los estándares saludables.
La Cruda Realidad de los Plazos Largos
La situación es crítica: un notable 28% de las Pymes mexicanas reporta esperar más de 90 días para recibir el pago correspondiente a los productos o servicios que han proveído. Este retraso prolongado se traduce directamente en problemas de flujo de efectivo, lo que dificulta a las empresas cubrir sus nóminas, pagar a sus propios proveedores y cumplir con obligaciones fiscales, como el pago de aguinaldos en esta temporada.
El sector de negocios B2B (de empresa a empresa) es el más afectado, donde el 42% de las compañías lidia con facturas vencidas, con un promedio de retraso que alcanza los 72 días.
«Ley de Pronto Pago», Estancada
Ante este panorama, organizaciones como la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) han insistido en la urgencia de la «Ley de Pronto Pago», una iniciativa que busca fijar plazos máximos de 30 a 45 días para que las grandes empresas liquiden a sus proveedores Pymes.
A pesar de su potencial para sanear las finanzas de miles de negocios, la propuesta permanece estancada en el Congreso desde 2022 por falta de voluntad política.
Actualmente, el retraso promedio en los pagos a nivel nacional se sitúa en 87 días, una cifra que contrasta fuertemente con los 30 días que se consideran un plazo justo y eficiente en mercados internacionales, poniendo en desventaja competitiva al empresariado mexicano.