El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interpuso una querella por prevaricación, a través de la Abogacía del Estado, contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según fuentes de la Presidencia del Ejecutivo.
En el escrito, en el que la Abogacía -organismo que presta asistencia jurídica al Estado- solicita que se practiquen diversas diligencias, se subraya que la querella no supone un ataque al poder judicial, sino “el intento de alejamiento del ejercicio puntual” de un juez que ha actuado con “arbitrariedad” y un “injusto proceder” contra el “máximo representante de otro de los poderes estatales”.
La denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado llega después de que Sánchez se acogiera a la dispensa legal que le permite no declarar como testigo en la causa que investiga a su mujer, abierta por denuncias de organizaciones vinculadas con la ultraderecha.
La querella presentada por la Abogacía del Estado incide en que hay “múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración” practicada “contraviene la normativa” y despoja a la Presidencia del Ejecutivo “de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882” y sin “explicación alternativa”.
En la comparecencia de Sánchez ante el juez, -la primera de un presidente del Gobierno como testigo desde la Moncloa-, además de Peinado, el fiscal y los abogados de las defensas, el magistrado ha permitido el acceso de un representante de la ultraderechista Vox en nombre de las cinco acusaciones populares.
