Demanda Diputado Eduardo Santillán investigar a Asociación de colonos y ex funcionarios del GCDMX
Por Guillermo Pimentel Balderas
En conferencia de prensa, el diputado de Morena, Eduardo Santillán Pérez, denunció el gran atraco que se pretende dar contra la Ciudad de México, con la privatización del parque público “La Mexicana”, que bajo el cobijo de autoridades de la anterior administración capitalina en contubernio con la Asociación de Colonos de Santa Fe, obtuvieron prebendas sin generan ningún tipo de beneficio social para los habitantes de la Alcaldía de Cuajimalpa.
Explico el legislador que al constituirse -12 de septiembre de 2015-, el Fideicomiso de administración integrado por: Inmobiliaria Copri, S.A.P.I de C.V.; Danhos Comercial, S.A.P.I de C.V.; la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe, A.C. (que encabeza Itziar de Luisa); el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) –anterior administración-, y el Banco Mercantil de México (BANORTE), conformaron el Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) para la creación del Parque Público Metropolitano “La Mexicana”; sin embargo, lo privatizaron y al suspenderse más obras, por un acción legal, ahora pretenden una indemnización de 2 mil millones de pesos.
Santillán Pérez, señaló que ya hay una acción pública (TJ/V-115615/2018), contra el sistema de actuación por cooperación para la creación del parque público “La Mexicana”, que más bien resultó un gran atraco a la CDMX por medio de convenios leoninos que dieron la pauta para privatizar este espacio público con el beneplácito de ex funcionarios al mando de Miguel Ángel Mancera, como el ex titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez.
Dio a conocer que, en el proceso, el SAC “La Mexicana”, otorgó diversas concesiones, facilidades y prebendas tanto a las empresas desarrolladoras participantes, que obtuvieron predios con potencialidades exhorbitantes que les generarán jugosas ganancias, muy superiores a la inversión realizada.
En este beneficio ilegal, apuntó, también participa la Asociación de Colonos ZEDEC Santa FE, A.C., con la administración del parque, así como el otorgamiento de las concesiones y renta de locales comerciales, sin un sistema de rendición de cuentas estricto de un bien del dominio público.
Ante estas irregularidades, el –actual- Gobierno de la Ciudad de México adquirió responsabilidades de pago, que le endosaron sus antecesores, por la cantidad de 2 mil millones de pesos, en primera instancia, dizque por las obras realizadas.
Al respecto, indicó que un grupo de vecinos, habitantes todos de la hoy Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, interpusieron un juicio de Acción Pública ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las que expresaron como actos reclamados: los Trabajos de construcción de un conjunto habitacional en el predio denominado “La Mexicana” en la Zona de Santa Fe que —a dicho de los promoventes— no cumple con la “Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para el Uso, Aprovechamiento y Explotación del Parque Público Metropolitano denominado “La Mexicana”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de noviembre del 2017, misma que se encuentra radicado en la Quinta Sala con el número de expediente TJ/V-115615/2018.
Precisó el diputado que esta declaratoria tiene como finalidad operar, conservar y mantener el Parque, respondiendo al interés general de los habitantes de la Ciudad de México, pues con ello se mejorarán e integrarán los servicios urbanos públicos de la zona, se aumentará la dotación de infraestructura urbana de manera oportuna y eficiente, al tiempo que se facilitará la implementación de un conjunto de estrategias y acciones tendientes al mejoramiento cualitativo de los aspectos urbanos, sociales y económicos de la zona.
Por ello, detalló que, en atención a los argumentos esgrimidos tanto por los promoventes, como las respuestas obtenidas de las autoridades demandadas, la ponencia 15 de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, determinó conceder la suspensión solicitada por la parte actora, para que cesaran los trabajos de construcción que se realizan en el área de actuación, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva.
Leyó Santillán Pérez que esta suspensión está sustentada en el Derecho a la Ciudad, establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que busca que se reconozca y garantice, a nivel individual y colectivo, el derecho de las personas a vivir en ciudades justas, equitativas, democráticas y sustentables para todos sus habitantes actuales y futuros; hasta en tanto quede demostrado, por parte de las autoridades y los terceros, que las condiciones que se plasmaron en los convenios respectivos fueron los más favorables para el Gobierno de la Ciudad de México.
“Lo anterior, dado que implicó la de edificar hasta un número máximo de mil seiscientas cincuenta viviendas, y hasta cien mil metros cuadrados para usos mixtos no habitacionales”, asentó.
El Congresista mencionó que hasta el momento se está en espera de que las partes afectadas, tanto las autoridades como los terceros interesados, impugnen esta suspensión ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
