Que se regularice la actividad ilegal del esquema de subcontratación o outsourcing a fin de evitar operaciones de lavado de dinero o pérdidas en el SAT del orden de los 324 mil millones de pesos anuales o la del IMSS que en 2019 ascendió a 21 mil millones de pesos.
En la inauguración del Parlamento Abierto en materia de Subcontratación el acuerdo generalizado es que más que crear nuevos ordenamientos legales, insistir en que se cumpla con lo establecido y se cree un patrón de la empresas de outsourcing que evaden impuestos, no pagan el IMSS y no respetan los derechos de los trabajadores.
Representantes laborales, empresariales y despachos de outsourcing coincidieron en la necesidad de que el outsourcing debe existir, por cuestiones de especialización, pero se debe aclarar cuáles empresas o instituciones violan la ley laboral, evaden impuestos y que se reconozca a las que sí cumplen con las normas y coadyuvan al desarrollo del país.
