El Gabinete de Seguridad reveló que los estadounidenses fallecidos en Chihuahua no poseían acreditaciones oficiales para realizar labores operativas.
El Gobierno de México, a través de sus máximas autoridades de Seguridad, informó que los dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fallecidos recientemente carecían de permisos formales. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que estos individuos ingresaron al país bajo estatus migratorios que no autorizaban acciones tácticas.
Los registros oficiales indican que uno de los fallecidos entró como visitante sin permiso para actividades remuneradas, mientras el otro portaba un pasaporte diplomático sin funciones acreditadas. Las instituciones mexicanas de inteligencia y relaciones exteriores confirmaron que no tenían conocimiento previo de que fuerzas extranjeras estuvieran participando físicamente en operativos antinarcóticos en el estado de Chihuahua.
La legislación mexicana es determinante al prohibir la intervención directa de agentes foráneos en maniobras de seguridad dentro de las fronteras soberanas del país. Las autoridades recalcaron que la colaboración internacional debe limitarse estrictamente al intercambio de información técnica y coordinación institucional, siempre bajo el principio de no subordinación a potencias extranjeras.
Tras el accidente ocurrido el pasado 19 de abril, donde también perdieron la vida dos elementos estatales extranjeros, se ha iniciado una investigación exhaustiva en coordinación con la embajada estadounidense. Este suceso pone bajo la lupa la actuación de las agencias de Washington en suelo mexicano y la posible violación de los protocolos de confianza mutua.
A pesar de la gravedad del incidente diplomático, el Gabinete de Seguridad expresó sus condolencias a las familias de los cuatro fallecidos durante el despliegue no autorizado. El Ejecutivo mexicano reiteró su disposición de mantener vínculos respetuosos con el país vecino, pero enfatizó que el respeto absoluto a la soberanía nacional es innegociable.
El caso generó una fuerte reacción en los círculos políticos del país, exigiendo claridad sobre cuántos agentes operan bajo estas condiciones irregulares actualmente. La resolución de esta investigación definirá los términos futuros de la cooperación binacional en materia de lucha contra el crimen organizado y la protección de la integridad territorial. Telesur
