• El radicalismo en la Perla de Oriente conduce a estimular los esfuerzos generales de las autoridades para defender los intereses de todos por igual.

Jorge Fernández

Dice la sabiduría popular que “no hay mal que por bien no venga”, para aludir a situaciones desfavorables que tras someterse a gestiones correctas conducen a un desenlace conveniente para todos. Este es el caso de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, que este mes, concretamente el 9 de junio, cumple un año de verse asolada por violentas manifestaciones que han paralizado sistemáticamente el desarrollo de una urbe cosmopolita. Jóvenes coléricos, estimulados por pasiones irracionales, han enmarañado acciones gubernamentales orientadas a fortalecer el Estado de derecho y a defender el principio de “un país, dos sistemas”.

Los actos vandálicos, desatados para obstaculizar la aprobación del Proyecto de Ley de Extradición, generaron el año pasado un entorno de desorden que colocó a la próspera región en la senda del estancamiento generalizado. Al final, las autoridades locales recularon en sus intentos para que prófugos de la justicia, amparados por vacíos legales, continúen haciendo de Hong Kong una paradisiaca guarida. La reversión del proyecto no impidió que los planteamientos para hacer de la RAE un lugar en el que nadie está por encima de ley se tergiversaran y desorientaran a jóvenes cuyo espectro político sufre de indefensión. A sus ojos, las autoridades buscan aplicar fórmulas secretas para coaccionar las libertades y la autonomía que disfrutan tras el fin de su capítulo como colonia británica.

Sus equivocaciones han sido aprovechadas por funcionarios extranjeros que los estimulan a seguir con sus irreflexivas acciones. Altos mandos de otros países han extendido “recomendaciones” a Beijing de cómo hacer frente a las protestas desatadas en la RAE de Hong Kong. Ignorando que estos problemas son legados de las deleznables conductas históricas de sus países, estas inmorales figuras entablan diálogos con los ya radicalizados manifestantes, y al mismo tiempo, pretenden abrir canales de comunicación con las autoridades chinas, pisoteando el principio universal de la no intervención. No solo exacerban las distorsionadas concepciones que los jóvenes hongkongneses tienen de los derechos o las libertades, sino que siembran la semilla de la desconfianza y sabotean sus propias relaciones con Beijing.

Pero cuando se trastoca el orden amenazando la integridad territorial del Estado, entonces se convoca en automático a las instituciones nacionales chinas a salir en defensa de todos. El principio de “un país, dos sistemas” está siendo lastimado por las consignas separatistas de los protestantes, y de cara a ello, los legisladores chinos de la Asamblea Popular Nacional han tomado cartas en el asunto en aras de salvaguardar y defender una máxima que ha permitido superar las asperezas de la historia y potenciar las peculiaridades de la RAE. La concreción de la Legislación de Seguridad Nacional de Hong Kong protege los intereses tanto de la parte continental como los de la región, y disuade, por medio de la vía legal, la ofuscación propagada por el radicalismo estéril.

Una práctica recurrente entre algunos países de Occidente es la crítica improductiva y los señalamientos a terceros como forma para colocarse en la cima de una atalaya de justicia y moralidad. Figuras prominentes de la Administración Trump rubrican con pronunciamientos viperinos su adhesión fiel a esta práctica, a toda luz un arma de doble filo. Humillante fue el caso de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, cuando consideró que el vandalismo en Hong Kong era un “escenario hermoso para contemplarse”. La inoportuna mujer terminó tragándose sus propias palabras: 1.400 millones de chinos la citaron para enmarcar los desafortunados actos en la Unión Americana tras el asesinato de George Floyd.

El hecho es que sin importar que se trate de Hong Kong, de Xinjiang, de la COVID-19 o de cualquier otra cosa, figuras del exterior encontrarán en todo aquello que China haga o deje de hacer una forma para impulsar sus propias agendas. Y en medio de sus acciones, que emplean la intervención para fortalecerse, los jóvenes hongkongneses terminan siendo carne de cañón de motivaciones totalmente ajenas a ellos. Los comentarios despectivos contra China responden hoy a la continuidad del proyecto republicano en Estados Unidos, y para materializarlo, dirigentes de esa nación están sacrificando el entusiasmo juvenil hongkongés, que bien podría orientarse a potenciar el desarrollo de la región, no sin antes lacerar una relación bilateral que tiene repercusiones en prácticamente todos los rincones del planeta.

Los residentes de este pujante puerto internacional, vigorizado por el ímpetu que vive el desarrollo continental, atestiguan con los esfuerzos de los representantes de dos sistemas políticos el fortalecimiento sistemático de la libertad a través de la justicia y la legalidad. El punto al que desean llegar, tanto los representantes del gobierno local como los legisladores de la parte continental de China, es el fortalecimiento del Imperio de Ley en una región ejemplar en toda Asia. Los derechos y libertades de todos, junto con el principio de “un país, dos sistemas” están siendo acorazados ante el secuestro coordinado de grupos que alentados por acciones del exterior lastiman la vitalidad y el potencial de la Perla de Oriente.

A un año de haberse iniciado este desacertado movimiento social en la RAE de Hong Kong, el retroceso económico salta a la luz, con las consabidas repercusiones en diferentes ámbitos de la vida social. Pero al mismo tiempo, este desafortunado escenario ha estimulado también el papel de las instituciones del Estado para garantizar, bajo un esquema de leyes y principios, la seguridad nacional, los derechos y los intereses de todos por igual. Sin importar de qué país se trate, todo aparato político está obligado a responder al bienestar de la mayoría por encima del de unos cuantos. El caso de China no es la excepción, pero a diferencia de otros países con dudosos sistemas de gobernanza, el gigante asiático busca defender a sus ciudadanos amparado en un marco legal limpio y transparente, y no por medio del sabotaje y la intervención en los asuntos de otros.