La lectura nos permite ver el mundo
a través de los ojos de otros
y comprender su experiencia
Thomas De Quincey
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
La puerta de Palacio Nacional se abrió en 2018 para López Obrador y el partido Morena por varios factores: los dos malos gobiernos del PAN, que generaron la guerra contra el narcotráfico; la corrupción imperante y obscena del nuevo PRI, con escándalos de desfalcos al erario; pero, sobre todo, por el baño de sangre que se vivía: la violencia, los secuestros, los decapitados, los ajustes de cuentas. Por eso retumbaba la promesa de pacificar al país, un tema en el que todos los partidos que han sido gobierno tienen parte de responsabilidad en el triste y decadente momento que hoy vivimos.
¿Luego se preguntan por qué ya no se cree en los políticos?
No hay forma de ocultar la realidad. Un ejemplo de ello es Michoacán, donde todos los días, en su geografía, hay violencia. Es un tema añejo que los gobiernos del PRD no pudieron resolver, ni tampoco la federación, a pesar de que es la tierra natal de Felipe Calderón, y cuando él fue presidente, el problema se agudizó. Silvano Aureoles fue el último gobernador del “sol azteca”, compañero y aliado que apoyó en las dos primeras campañas a López Obrador. Así perdieron la elección y llegó Alfredo Ramírez Bedolla en 2021. La ciudadanía tenía, de nuevo, la esperanza de paz, de meter en cintura al narco y sujetar a las autodefensas. Nada pasó.
Desde hace unos doce años, un grupo de periodistas nos reunimos a desayunar con productores de limón y aguacate michoacanos. El tema era —y sigue siendo— la inseguridad: el cobro de piso o, en su defecto, pagar por cada limón o aguacate cortado y empacado para sacarlo del estado. En las redes circulan videos de los líderes criminales que hacen llegar a los productores, donde les exigen cuatro pesos por cada kilogramo de limón, y los aguacateros andan por las mismas.
Desde aquel entonces, los productores pedían que el Gobierno Federal los volteara a ver. No solo se trataba de pagar un “impuesto” a la mafia, sino de vivir bajo amenaza constante y, sobre todo, de enfrentar la pérdida de vidas de trabajadores y sus familias. Se organizaron marchas, mesas de trabajo… y luego nada. Todo siguió igual o peor para el campo michoacano, que produce riqueza para los ajenos que han profesionalizado el delito, mientras los empresarios y campesinos viven el terror de arriesgar su capital y seguir produciendo.
El 20 de octubre, la Fiscalía de Michoacán informó sobre el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, quien era presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán. Había hecho varias denuncias y declarado que su vida estaba en riesgo. Como suele suceder, le arrebataron la vida. La autoridad lanzó sus mensajes de siempre: “llegaremos hasta las últimas consecuencias”, “no habrá impunidad”, “caiga quien caiga” … y, como siempre, las cosas se fueron enfriando. Esa ha sido la tónica de todos los gobiernos en el tema de la inseguridad que los rebasa.
El sábado por la noche, la entidad vivió otro episodio de terror: asesinaron al presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, un personaje querido que había hecho varios llamados por la inseguridad. Se dirigió al gobernador y a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir ayuda. Claro, todo lo que no conviene lo vuelven político, y así lo tomaron en Palacio Nacional.
Michoacán ocupa el quinto lugar nacional en percepción de inseguridad. Doce cárteles se disputan el territorio. No se trata de carroña, como hacen ver los jilgueros del régimen; la realidad desarticula el discurso de las cifras y pone en perspectiva que hay lugares donde están rebasados, donde no hay mando y los gobiernos son simples espectadores con reacciones tardías… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
