A los diputados y diputadas, tomen sus asientos
y cesen conversaciones sobre otros temas.
Este no es un salón de diversiones ¡sino un Congreso!
Porfirio Muñoz Ledo
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
En la política nacional existe la costumbre de negar las crisis, como si en plena tormenta se insistiera en que no pasa nada… hasta que el agua entra por las ventanas y arrastra todo a su paso. Eso es lo que les ha sucedido a los de la 4T con el escandaloso caso de Rubén Rocha Moya y los otros acusados en Estados Unidos. Por cierto, pedían denuncias; ahí las tienen. ¿Quiénes son? Seguramente aquellos que ya están recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Y seguramente vendrán más.
No cabe duda de que las cosas deben hacerse conforme a derecho y a los tratados, pero que no nos vengan con el cuento de la soberanía. Defender a Rocha Moya y a los otros no es lo mismo que defender la soberanía. De seguir así en Palacio Nacional, les traerá un costo mayor: más presión y más enojo para Claudia Sheinbaum Pardo, que pide pruebas y más pruebas. Si no hubiera algo que esconder, los involucrados no se habrían separado del cargo, y el senador daría la cara, no sólo a través de redes sociales.
En este contexto incómodo para los morenistas, resuenan las palabras del finado Porfirio Muñoz Ledo, uno de los impulsores de López Obrador que terminó como un crítico severo de su régimen de los “abrazos y no balazos”. Se podrá decir lo que sea de Muñoz Ledo, pero no se puede negar su lucidez como político: sentenció, sin matices, la existencia de un “contubernio” entre el poder y el narcotráfico, una alianza —decía— que no sólo distorsionaba la vida pública, sino que pretendía consolidar un nuevo equilibrio político con la fuerza del crimen.
Aquello causó revuelo. Lo criticaron con todo, incluso lo llamaron traidor, pero la piel de aquel tribuno era gruesa. Así, en 2023 lanzó una advertencia aún más inquietante: ese tipo de acuerdos no se heredan, porque el narco no guarda lealtades; se acomoda al poder en turno y vuelve prescindible a quien creyó controlarlo. Con un caso como el de Rocha Moya en el centro del debate, aquellas palabras dejan de sonar a exceso retórico y deben releerse como una advertencia que el tiempo se encargó de poner a prueba… y parece que tenía razón.
Qué decir de aquello de que no eran iguales a los de antes. Presumían tener estatura y que lo más importante era su honestidad, pero al someterse al escrutinio público se les desmoronó el discurso de la superioridad moral. También se desgañitaron pidiendo que se hablara de Genaro García Luna —sentenciado en Estados Unidos—, de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero les temblaron las corvas para llevarlos ante la justicia. Y todo aquello, como haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán en el “culiacanazo”, termina por pasar factura… y esas sí resultaron hereditarias.
Mientras tanto, Sinaloa sigue siendo el escenario de la cruda realidad: la violencia persiste, miles de muertos y desapariciones, y una estructura criminal que no se puede explicar sin la complicidad —o la omisión— del poder político. Lo que ocurre con Rocha Moya no es un episodio aislado, es un síntoma que se advirtió desde hace años. Un recordatorio de que en México el poder aún convive peligrosamente con el crimen, aunque se diga lo contrario en las conferencias mañaneras.
Los datos son contundentes: más de 110 mil desaparecidos, violencia persistente en estados como Sinaloa y el tráfico de fentanilo colocando a México bajo presión internacional, con el ojo de Donald Trump atento y presionando para sus propios fines, como la renegociación del T-MEC. Las cifras no bajan y las acusaciones escalan; la narrativa ya no alcanza: o hay claridad o la sospecha se vuelve sistema. El poder termina, como advirtió Porfirio, conviviendo con aquello que decía combatir… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
