Los organizadores de la manifestación, convocada para este lunes 23 de febrero en las inmediaciones de la Corte Suprema, exigen el cese de la “guerra petrolera“ que utiliza leyes antiguas para aplicar sanciones económicas modernas.
Residentes de la capital estadounidense, Washington, se manifestarán este lunes 23 de febrero frente al Edificio Metodista Unido, en las inmediaciones de la Corte Suprema, para rechazar las recientes medidas de presión económica que Estados Unidos ejerce contra el Gobierno y pueblo de Cuba.
La movilización pacífica, prevista para el mediodía, está motivada por la comparecencia de la petrolera Exxon Mobil ante el máximo tribunal, donde la compañía presentará argumentos en un caso contra Cuba basandose en la Ley Helms-Burton.
Esa normativa, promulgada hace casi 30 años por el entonces presidente estadounidense William Clinton, permite reclamar compensaciones a familias y empresas presuntamente afectadas por las nacionalizaciones realizadas soberanamente en la isla tras el triunfo de la Revolución en 1959.
Aunque el apartado que permite estas demandas (Título III) estuvo suspendido por décadas, fue reactivado en 2019 bajo la Administración de Donald Trump. Ese mismo año Exxon Mobil demandó a la Corporación Cimex (Comercio Interior, Mercado Externo) y la Unión Cuba-Petróleo (Cupet), reclamando la expropiación de la actual refinería Ñico López y de 117 gasolineras que operaban en Cuba hace más de 60 años.
Los organizadores de la protesta exigen el cese de esta “guerra petrolera“ que utiliza leyes antiguas para aplicar sanciones económicas modernas. Los convocantes califican ese proceso como una estrategia de “guerra jurídica“ que busca asfixiar la economía cubana a través de demandas contra entidades estatales.
Durante la jornada, diversos oradores, entre ellos activistas de derechos humanos, líderes religiosos e investigadores, denunciarán la orden ejecutiva emitida el pasado 29 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Dicho decreto cataloga a Cuba como una supuesta “amenaza extraordinaria e inusual“ y otorga facultades al secretario de Estado, Marco Rubio, para imponer aranceles a terceros países que suministren combustible a la nación caribeña.
Según un comunicado de los organizadores de la manifrestación, la excusa oficial para esta orden ejecutiva “es cumplir con lo dispuesto en la Ley Helms-Burton, que exige al pueblo cubano renunciar a su sistema económico y político como condición previa para levantar la guerra económica unilateral e ilegal contra esa pequeña nación en desarrollo“.
Los activistas sostienen que la actual política exterior estadounidense no representa los intereses de la mayoría de sus ciudadanos ni de la comunidad cubanoamericana, sino que responde a las agendas de un sector político específico. Ese reducido grupo “de funcionarios electos política y financieramente poderosos de un solo estado, Florida, pretenden hablar falsamente en nombre de todo el país“, enfatizó el comunicado.
En este contexto, se anunciarán nuevas iniciativas de la sociedad civil para enviar ayuda humanitaria y contrarrestar los efectos de las sanciones. Recalcan que las medidas coercitivas han sido implementadas mediante órdenes ejecutivas, eludiendo el debate en el Congreso y la voluntad de sectores que abogan por una relación de paz.
En la misma línea de expresiones de apoyo, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez expresó este lunes su agradecimiento hacia los compatriotas en el exterior y los movimientos de solidaridad que se movilizaron el pasado fin de semana en diversas ciudades del mundo.
El diplomático destacó a través de sus redes sociales que, en momentos donde Washington intenta bloquear el suministro de combustible, el respaldo público y el envío de donaciones demuestran que la isla cuenta con acompañamiento internacional. Asimismo, reafirmó que estas acciones ayudan a mitigar el impacto humanitario derivado de lo que calificó como una política criminal.
De acuerdo con lo informado en septiembre de 2025 por el titular de Relaciones Exteriores, durante la presentación del informe anual que Cuba remite a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), correspondiente al período marzo de 2024 a febrero de 2025, a lo largo de más de seis décadas, el impacto del bloqueo estadounidense en la economía cubana se traduce en una pérdida superior a los 170.677 millones de dólares. Telesur
