Carlos Ramos Padilla
Es tiempo de definiciones, no de tibiezas ni de ambigüedades. El rostro ciudadano se hará valer este martes a las puertas de la sala máxima de justicia de la nación. La defensa de la Suprema Corte y del Estado de Derecho es fundamental dentro la estructura de poderes de la nación y por tanto de la democracia. No será un arrebato, un capricho o un golpe mediático. La concentración de este 5 de noviembre representa una campanada para sujetar al país a equilibrios. Un Poder ni debe estar ni arriba ni abajo de sus pares.
Tanto el Judicial como el Ejecutivo y el Legislativo guían las expectativas de una sociedad bien representada por una pluralidad de posiciones que en debate definen nuestras líneas de conducta. Sin embargo, en el Judicial se enmarcan las líneas legales que dan pureza a nuestros códigos que nos definen como sociedad.
En la Corte se dirimen, analizan, califican y sentencian las carpetas más delicadas por juzgadores calificados. Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará un proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone declarar inválida una parte de la reforma constitucional al Poder Judicial, en lo que constituye el asunto más polémico y complejo en el primer mes de gobierno del recién inaugurado sexenio.
Debe, tiene que resolver si tiene facultad o no para analizar reformas constitucionales tomando en cuenta que, al momento de la discusión, la Carta Magna establece de manera explícita en sus artículos 105 y 107 que, tratándose de reformas constitucionales, no proceden controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos. Pero el tema de fondo es invalidar la elección popular de jueces y ministros.
Tendría que ser aprobada por ocho de los 11 ministros y ministras. Y aquí justamente radica el valor ético y moral de los participantes. Inclinarse a favores partidistas o a intereses personales para servir a otro de los Poderes sería un acto deleznable y carente de escrúpulos. La sociedad está demandando un mejor país lejano este de acomodos majaderos de improvisados o sirvientes de nefastos acuerdos.
Ensuciar lo que debe estar pulcro y transparente es tarea de cobardes y apátridas. Si no acatan las resoluciones de la Corte podríamos llegar a uno de los momentos culminantes de la crisis constitucional (impulsada por el gobierno federal y Morena) en un hecho inédito en la historia reciente de México. Y mientras la fuerza ciudadana y de la ley serán eje, motor en México, simultáneamente en Estados Unidos se resolverá quien llega a la presidencia y con esta una carga, también inusual, de medidas y disposiciones políticas y económicas sobre México en vínculo con las tropelías de unos cuantos para convertir a nuestra democracia en una suerte de autoritarismo.
Aquí incluso está la defensa de nuestra autonomía a través de un Poder Judicial digno, competente y autónomo. Los traidores a la Patria cerrarán su vida en el desprecio absoluto. Lo que ocurra a partir de este miércoles no es cuestión de cloacas o negociaciones en el caño. Los mexicanos, todos, merecemos respeto y dignidad y ya demostró el legislativo que no tiene la capacidad ni merecimientos. Ya se agotó el tiempo para los infames mayoriteos controlados y ordenados por un puñado de personajes que incumplen con sus responsabilidades ostentándose como mercenarios políticos que se acomodan en los tiraderos que los reciben. México no es tan ruin y barato como para apostar su destino a una burda tómbola.
No podemos en sano juicio legitimar una pantomima, esta simulación anti democrática por parte de Morena. Es tan delicado lo que tenemos enfrente que de continuar con el autoritarismo podrían establecer la reelección presidencial
indefinida, hacer uso discrecional de las reservas internacionales, abolir la propiedad privada, la instauración de un partido único, prohibir cultos religiosos, impedir que salgas libremente del país, encarcelamiento de opositores, prohibir redes sociales y la posibilidad de expropiar bancos o empresas.
