Carlos Ramos Padilla
Conozco y de años al exrector Enrique Graue, fina persona, educado, de buen ánimo y humor, decente, institucional y firme en la amistad. Ve de frente y habla claro. Durante su gestión como líder máximo de los universitarios buscó la excelencia académica, la superación administrativa y fortaleció el tejido de la comunidad estudiantil.
Pasó y bien las durísimas pruebas de los acomodos electorales en el país y mantuvo a la Casa de Estudios en paz, un enorme mérito ante el desaseo de la política nacional y lo manifesté (aunque despertó la inconformidad de funcionarios de rectoría) fue sujeto a una guerra sucia que llegó al extremo de revisar sus bolsillos con pretextos fiscales.
Al detonar el escándalo por supuesto plagio de la ministra Yasmin Esquivel actuó con precaución cubriendo estrictamente las formas institucionales, cumpliendo con su deber, y a nombre, no personal, sino de la Institución. Incluso fue castigado por varios críticos nacionales por la falta de contundencia y fuerza en la aplicación de las disciplinas universitarias asunto que respondió con mayor nobleza evitando rompimientos y cumpliendo con su responsabilidad.
En estos días a la ministra de la Corte Yazmín Esquivel, una jueza del ámbito local de la Ciudad de México, le obsequió una sentencia de multa de 15 millones de pesos contra, Enrique Graue y el ex director de la FES Acatlán, Fernando Macedo, al ejecutar una obligada averiguación institucional sobre el señalamiento de plagio de la tesis para obtener el grado académico de abogada.
Esquivel promovió un amparo que impide que la UNAM divulgue el resultado del peritaje académico acerca del asunto, conducta antiuniversitaria al cerrar los canales de información y divulgación. Debo expresar que las autoridades cumplieron con su obligación de investigar y ajustarse a los dictámenes legales y nunca mostraron la menor intención de buscar daño o afectación violentando la
Ley.
Como universitarios aguantaron las tempestades con decoro y pulcritud de la misma manera en que la comunidad universitaria está obligada a pronunciarse en abrigo a estos dos académicos. Las sanciones no deben aplicarse a aquellos que cumplen con su obligación moral y legal, sino contra quienes ostentan poder y avaricia para burlar a la justicia.
Este precedente deja una lectura oscura y pésima para las nuevas generaciones de abogados universitarios que se preparan para buscar en este país la aplicación de un sólido Estado de Derecho.
