Carlos Ramos Padilla
Se continúan dando certeros golpes a la estructura judicial en nuestro país. El INE valida elección judicial; desestima uso de acordeones. Aún con pruebas, argumentos y testimonios en una muy cerrada votación ganaron aquellos que cumplen más con propósitos políticos que con sus deberes nacionales.
Así que el Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría a los ganadores de la reciente elección judicial para elegir a ministros y ministras.
Aristides Rodrigo Guerrero, Sara Irene Herrerías, Irvin Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa,
María Estela Ríos, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Hugo Aguilar. Lo más prudente era que el INE no declarara válida este proceso electoral, como lo propuso el consejero Arturo Castillo, ante la coincidencia entre acordeones y resultados.
La serie de irregularidades si se documentó y si se probó. Ahora el plazo para impugnar corre del 16 al 19 de junio. La SCJN resolverá las impugnaciones respecto a magistraturas electorales; el TEPJF, sobre los demás cargos.
Ambos pueden declarar la invalidez, aunque es muy probable que el TEPJF sostenga la elección y sentencie que «no hay prueba fehaciente de que los acordeones influyeran en el voto o se comprara o se coaccionara, ni que fueran determinantes para ganar». El colmo es afirmar que todo se debe a una “mera coincidencia democrática».
Cuando la SCJN resuelva será en una sesión inédita y se espera que eta corresponda con estira ética y absoluta transparencia. Pero se pudo observar y constatar el interés de la Sra. Taddei por imponer su prosódico y dejó en claro su enfado con aquellos consejeros que no acordaban con su postura.
Mientras la nación continúa siendo víctima de una atroz violencia que toda vez se acerca más a la posibilidad de demostrar la asociación de políticos con sicarios, en la Corte se ocupan en destruir inclusive los protocolos del mayor decoro en la vestimenta de los ministros, dejando a un lado la seria tarea que como poder de la República deben asumir.
Ni siquiera la conclusión expuesta por la OEA valió lo suficiente para enmendar errores y suspender un proceso amañado, tramposo e irregular. Los costos para el país serán muy, pero muy altos, ya lo veremos.
