Persisten agresiones contra jóvenes y estudiantes, denuncian organizaciones campesinas y de derechos humanos

Por Guillermo Pimentel Balderas

En conferencia de prensa, integrantes de la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), junto con representantes de organizaciones de colectivos y Derechos Humanos, denunciaron que persiste la agresión a jóvenes y estudiantes por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública capitalina.

Lamentaron que, a pesar de las múltiples declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se combatirá inseguridad y se vigilará la procuración de justicia de la Ciudad de México, además de acercar la policía con la ciudadanía, consideraron que, hasta el momento, son solo paliativos.

Como ejemplo, narraron un reciente hecho de brutal agresión de elementos policiacos en contra de jóvenes y de estudiantes, sucedido el pasado fin de semana en que, sin piedad, uniformados –mujeres y hombres- del sector en Iztacalco, tundieron sin piedad a menores de edad, entre ellas a Astli (N), en la colonia Granjas México, luego de asistir a una fiesta y que la acusaran de robo.

En las instalaciones de la CNPA, la víctima, su madre, con las dirigentes campesinas, Eugenia Flores Hernández y Blanca Mendoza, junto con el abogado del Colectivo AEQUUS y Coordinador de Familias de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Víctor Caballero, aseguraron que ya son sistemáticas las acusaciones en contra de elementos policiacos por agresiones.

Recordemos, dijo, Víctor Caballero, la agresión al estudiante de la Prepa 8; contra el joven del CCH Naucalpan y al de la UAM, que prácticamente fueron desaparecidos por policías.  

Asimismo, comentó que no bastó con la desaparición del cuerpo de granaderos, debido a que todo parece indicar que estos elementos fueron incorporados a otros lugares o Cuadrantes, como en la policía preventiva y/o en la bancaria comercial, pero, sin el cambio de mentalidad de cuando tenían labores en el control de las movilizaciones multitudinarias; es decir, de manifestaciones y mítines.

También, acusaron que sigue el mismo proceder en los Ministerios Públicos, de arremeter contra la ciudadanía, con falsas acusaciones, como sucedió con la familia de Astli, y la de otros jóvenes detenidos, que prácticamente los tenía secuestrados y que, al parecer, el encargado de impartir justicia, había acusaciones de robo.

Esto, incomodo a los familiares que exigieron al Juzgado 57 de Iztacalco, más información y al no obtenerla, se calentó el ambiente y de inmediato actuaron los policías para aplacar a los inconformes, que originó se manejara una información oficial de que personas allegadas a los “delincuentes” los quisieron liberar por la fuerza.

Esta desinformación oficial, da muestra que la ciudadanía también está expuesta a que la tachen de delincuente en caso de exigir su derecho de información a los ministerios públicos.

El abogado Caballero confirmó que ya presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México una queja al respecto y están en espera del dictamen de la investigación pues resulta que, los policías acusan de agresión a los jóvenes que detuvieron.

Entre tanto, los denunciantes exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de Gobierno en la capital de la República, Claudia Sheinbaum, justicia y el cese de las agresiones a la juventud pues se les criminaliza al señalarlos como delincuentes con acciones anticonstitucionales.

Al parecer “una riña de chamacos” luego de una fiesta, fue motivo de que posibles ex granaderos tomaran la ley en sus manos y, primero agredir brutalmente a tres jóvenes –dos menores de edad-, y después, acusarlos de robo y presentarlos ante el MP. Para evitar sanción por posibles actos de brutalidad y sin tomar en cuenta el protocolo de seguridad, fue que mintieron a la justicia.  

Sheinbaum no convence

Cabe recordar, que en su oportunidad, Claudia Sheinbaum reconoció como sumamente grave la situación de violencia e inseguridad en la capital del país. Confió en darles responsabilidades en la Secretaria de Seguridad Pública a Jesús Orta Martínez y en la Procuraduría Capitalina a Ernestina Godoy Ramos.

Mencionó –en medios-, que un pilar del plan de seguridad para la capital del país es la Estrategia de Proximidad de Cuadrantes, con la que se busca aumentar el número de policías en la vía pública.

Y, según Orta Martínez, la Estrategia de Proximidad de Cuadrantes tiene tres objetivos: Maximizar el número de elementos en labores de vigilancia en la calle. Reducir el tiempo de respuesta ante una incidencia delictiva (de tres a cuatro minutos en un cuadrante que en promedio representa una extensión de 10 manzanas). Y, Optimizar la evaluación de desempeño policial. Al responsabilizar a un jefe por cada cuadrante, dicen las autoridades, se tendrá una radiografía más precisa de qué está pasando.

Sin embargo, al parecer se les olvido la capacitación y atención psicológica a los elementos del desintegrado cuerpo de granaderos para cambiarles su mentalidad de agresores y represores de la sociedad.

Los granaderos entre otras funciones, también cumplían tareas de seguridad y vigilancia en eventos deportivos, de igual manera apoyaban en tareas de patrullaje y vigilancia en bancos, reclusorios, tesorerías y sedes gubernamentales.

Para nadie es desconocido que los granaderos están ligados con el movimiento estudiantil de 1968, pues fueron los encargados de reprimir las marchas y protestas de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, por lo que, en ese año, fue que se pidió su desaparición.

El Agrupamiento de Granaderos, contaba con seis mil elementos –de acuerdo con la página web de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México- y que según fueron reacomodados en otros grupos o Cuadrantes.