SpaceX decidió excluir a inversionistas de China continental y Hong Kong de su histórica Oferta Pública Inicial (OPI), una de las más grandes previstas en la historia de los mercados financieros, en medio de crecientes preocupaciones de seguridad nacional y restricciones relacionadas con tecnología estratégica.
De acuerdo con información difundida por medios financieros internacionales, los bancos encargados de coordinar la colocación de acciones recibieron instrucciones de no aceptar órdenes de compra provenientes de clientes ubicados en China y Hong Kong, incluyendo inversionistas institucionales y clientes de banca privada.
La medida estaría relacionada con las regulaciones estadounidenses sobre exportación de tecnología sensible, particularmente aquellas vinculadas con la industria aeroespacial y de defensa. SpaceX mantiene contratos estratégicos con el gobierno de Estados Unidos, la NASA y el Departamento de Defensa, por lo que sus operaciones están sujetas a estrictos controles regulatorios.
Además de la restricción a inversionistas, usuarios en China continental y Hong Kong reportaron dificultades para acceder al sitio web oficial de la empresa y a los documentos promocionales relacionados con la oferta accionaria, lo que refuerza la decisión de limitar la participación de capital procedente de esas regiones.
La salida a bolsa de SpaceX busca recaudar alrededor de 75 mil millones de dólares y podría otorgarle a la compañía una valoración cercana a 1.75 billones de dólares, convirtiéndola en una de las empresas más valiosas del mundo y en la mayor OPI registrada hasta la fecha.
La operación ha despertado gran expectativa entre inversionistas internacionales debido al liderazgo de la empresa en lanzamientos espaciales, servicios de internet satelital mediante Starlink y el desarrollo de tecnologías vinculadas con inteligencia artificial y exploración espacial.
La exclusión de capital chino refleja el endurecimiento de las tensiones tecnológicas y geopolíticas entre Estados Unidos y China, una tendencia que en los últimos años ha llevado a empresas estadounidenses de sectores estratégicos a reforzar sus controles sobre el origen de las inversiones y la protección de tecnologías consideradas sensibles.