Adalberto Villasana

Hay una incapacidad manifiesta de las autoridades de los gobiernos Federal, estatal y municipal para enfrentar el desastre en Acapulco y municipios alrededor de Acapulco donde golpeó el ciclón Otis.

El colmo del descaro es el empaquetamiento de la ayuda civil en cajas rotuladas con leyendas y logotipos del gobierno federal, para aparentar que ayudaron a la población afectada. Una simulación más de la administración.

Como ejemplo, la UNAM entregó a las autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, 40 toneladas de ayuda para los damnificados por el huracán Otis, donativo de la población civil que acudió al Estadio Olímpico Universitario a dejar su apoyo.

El pasado fin de semana dos tráileres cargados con la ayuda partieron del Estadio Olímpico Universitario, rumbo a la capital guerrerense.

Otro ejemplo de la población civil se dio en el caso de lo que recolectó la Cruz Roja, con más de 300 toneladas.

Hay que decirlo, el Gobierno federal tiene fantasmas y telarañas en la cabeza y se ha dedicado a destruir mecanismos que eran funcionales.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. recuerda que, el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) desapareció en 2020, en la reforma que extinguió 109 fideicomisos. A partir de 2021, el presupuesto incorpora una partida de gasto con el mismo nombre, pero sin estar sujeto a las reglas que aplicaban al fideicomiso.

Para 2023 se aprobó un total de 17 mil 157 mdp y en el PPEF 2024 se proyecta un total de 17 mil 984 mdp. Ahora, el dinero que no se utiliza es canalizado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Pero no hay reglas claras ni transparencia en la aplicación de los recursos.

Otro aspecto importante es el que señala Daniela Balbino, investigadora del IMCO en su publicación La eliminación del Fonden: el fin de un escudo, hecha en Opinión 51.

La especialista apunta: Además, como si de un mal preludio se tratara con respecto a las terribles noticias que se tienen sobre el estado de Guerrero, el Presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que propone, entre otras cosas, regular los donativos y requiere que los estados y municipios asignen fondos anuales para emergencias y desastres en sus regiones, además de indicar la responsabilidad que tienen en la contratación de seguros para la cobertura de daños por desastres naturales.

Textualmente hay que decirlo: Encima de no apoyar la población civil víctima de desastres naturales, el gobierno de la 4T pretende regular donativos, para como ya vimos hacerlos pasar como propios. Hacer caravana con sombrero ajeno, al presentar como una acción suya el noble apoyo de la población civil para quienes sufren los efectos del ciclón. Queda claro que ninguno de los tres órdenes de gobierno estuvo a la altura en Acapulco: Desastre e incapacidad.

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