La corte consideró “desproporcionada” la decisión del Gobierno británico de incluir al colectivo en la lista de organizaciones terroristas
El Tribunal Superior de Londres declaró ilegal la prohibición impuesta en julio de 2025 por el Gobierno británico contra el grupo activista Palestine Action, al considerar que su inclusión en la lista de organizaciones terroristas fue una medida “desproporcionada”.
El dictamen, emitido por tres jueces del Alto Tribunal y presidido por Victoria Sharp, reconoce que el colectivo —fundado en 2020— ha empleado métodos delictivos en sus acciones de protesta. No obstante, concluye que sus tácticas no alcanzan el umbral jurídico exigido por la Ley de Terrorismo de 2000 para su proscripción como organización terrorista.
Según la corte, el Estado británico dispone de instrumentos penales ordinarios suficientes para procesar cualquier delito cometido por integrantes del grupo, cuya misión declarada es boicotear a empresas o instituciones que colaboren con el Gobierno de Israel en el contexto de la guerra en Gaza.
Los miembros del colectivo afirmaron que su intervención respondía a la denuncia de una supuesta participación británica en la guerra en Gaza, al señalar que la base era utilizada por aeronaves israelíes y estadounidenses para operaciones logísticas, una acusación que fue rechazada por el Ejecutivo.
La decisión de proscribir al grupo fue adoptada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000, lo que supuso su inclusión en la lista oficial de organizaciones prohibidas.
Posteriormente, Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, presentó un recurso judicial contra la medida. En la audiencia celebrada en noviembre, su equipo legal argumentó que la organización se inscribía dentro de una tradición de acción directa y desobediencia civil, y que su inclusión en la legislación antiterrorista constituía una vulneración del principio de proporcionalidad.
Por su parte, el Ministerio del Interior defendió ante el tribunal que la proscripción había logrado interrumpir un patrón de conductas consideradas escalatorias, aunque sostuvo que la medida no restringía el derecho a manifestarse en favor del pueblo palestino ni a criticar las acciones de Israel en Gaza. Telesur