Por Renato Consuegra
En medio del avance del nearshoring, la transformación digital y la necesidad urgente de modernizar al Estado, el gobierno mexicano ha presentado una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde en el discurso oficial, se habla de “soberanía digital”, “simplificación” y “eficiencia”; sin embargo, bajo esa superficie, existe un riesgo real: que miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) sufran un golpe letal en su operación diaria, en su visibilidad digital y en su libertad para competir.
La iniciativa —que al momento de escribir estas líneas se encuentra en proceso de análisis en el Congreso— propone sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo, por una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. A esta nueva entidad se le otorgarían facultades para bloquear plataformas digitales, sancionar contenidos y regular el acceso a herramientas tecnológicas, con base en criterios amplios y poco definidos, como “seguridad nacional” o “estabilidad social”.
En paralelo, la propuesta incluye la creación de una identidad digital única (“Llave MX”) y un número nacional de atención ciudadana. A simple vista, parecen avances. Pero el diablo está en los detalles.
La gran mayoría de las MiPyMEs en México ya opera en desventaja: con acceso limitado a crédito, asesoría legal, herramientas digitales y publicidad. Inmersas en este oscuro panorama, muchas han encontrado en plataformas como WhatsApp, Facebook, TikTok, Stripe, Amazon o Mercado Libre, un canal vital para sobrevivir y, para muchas, es el único canal.
¿Qué pasará si una de esas plataformas es bloqueada “por razones de Estado”? ¿Quién responderá por las ventas perdidas? ¿A dónde acudirán los emprendedores que no pueden pagar un abogado ni comprender el laberinto legal que viene?
La iniciativa eleva el riesgo regulatorio y lo hace de manera opaca porque bajo el nuevo esquema, una microempresa podría quedar expuesta a medidas discrecionales que afecten su operación digital, incluyendo censura, restricciones publicitarias o sanciones fiscales sin mecanismos claros de defensa. Dentro de la propuesta no hay reglas precisas, no hay recursos inmediatos y, lo más preocupante: no hay garantías de equidad frente a las grandes empresas.
Mientras las corporaciones multinacionales tienen la capacidad de negociar excepciones o acuerdos técnicos, las MiPyMEs quedarán solas ante un aparato regulador centralizado y poderoso.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) protege principios como la neutralidad de la red, la libre competencia y el acceso no discriminatorio a servicios digitales, mientras que, al contrario, esta iniciativa, tal como está planteada, puede entrar en conflicto con esos principios. Y si México recibe sanciones o pierde competitividad internacional, las primeras en resentirlo serán —una vez más— las MiPyMEs, que dependen de la estabilidad económica para operar en un entorno ya complejo.
Este debate no puede reducirse a trincheras ideológicas. Se trata de entender que sin un ecosistema digital predecible, abierto y justo, el emprendimiento no es viable en el siglo XXI. Las MiPyMEs, como lo han demostrado históricamente, no piden privilegios: solo demandan un entorno donde puedan competir sin miedo a que su canal de ventas desaparezca por decreto.
Ante este panorama, es momento de actuar y preguntarnos qué hacer.
Primero, exigir claridad normativa: las reglas para bloquear o sancionar plataformas deben estar definidas con precisión y sujetas a supervisión judicial.
Segundo, defender la autonomía de los órganos reguladores: concentrar todo el poder en una sola agencia del Ejecutivo es una receta para la discrecionalidad.
Tercero, incorporar a las MiPyMEs en la discusión legislativa: hoy, su voz está ausente, como casi siempre frente a los temas que más las afectan.
La digitalización de la economía no puede construirse bajo amenazas latentes de censura, bloqueos o sanciones sin explicación. Si queremos un país donde emprender sea posible, no bastan los discursos sobre “soberanía digital”, necesitamos leyes que garanticen estabilidad, equidad y transparencia.
Y, en eso, esta reforma —hasta ahora— aún queda muy lejos.
De emprendimientos y más…
WeWork ha alcanzado una ocupación promedio del 79 % en 70 edificios distribuidos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, destacando especialmente a México con una tasa del 82% en 22 ubicaciones clave en CDMX, GDL y MTY. El auge de los espacios de trabajo flexibles responde a la transformación constante del entorno laboral, en la que la flexibilidad y los esquemas híbridos juegan un papel fundamental para potenciar la productividad y el bienestar de los colaboradores… Hablando de tecnología, los pagos en tiempo real están transformando el panorama financiero de México al impulsar la inclusión financiera, aumentar la eficiencia económica y contribuir significativamente al PIB del país, según ACI Worldwide y el Centro de Estudios Económicos. En 2023, representaron el 8.3% de las transacciones, superando a países como Alemania y Estados Unidos, y generaron $7.8 mil millones de dólares en ahorros para empresas y consumidores, cifra que se espera crezca a $9.3 mil millones en 2028, lo que podría aportar hasta $12.8 mil millones al PIB mexicano para 2028.
