Miguel Ángel Mancera propone reformar diversas leyes para evitar la incertidumbre jurídica en esa materia

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso reformar diversas leyes, con el propósito de especificar de manera clara los casos en que proceda la prisión preventiva oficiosa, sobre todo cuando pueda ordenarse de oficio.

La prisión preventiva, detalla, se considera la más fuerte de las medidas cautelares, en tanto que establece la privación de la libertad sin que medie una sentencia de autoridad judicial competente en la materia. De aprobarse esta propuesta, no existirá incertidumbre jurídica para la ciudadanía, y la medida cautelar no se utilizará en casos que no sea proporcional aplicarla, aseguró el coordinador del grupo parlamentario del PRD.

En este sentido, Mancera Espinosa precisa que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, objeto de la reforma al artículo 19 constitucional, promulgada en abril del presente, no han quedado aterrizados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ello, la iniciativa planteada es importante y debe dictaminarse a la brevedad, porque no se está aplicando en los tribunales, acotó.

La propuesta enlistada en la sesión del pasado 14 de agosto, plantea que el juez de control ordene la prisión preventiva oficiosa en casos de abuso o violencia sexual contra menores, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Las legislaciones a reformar son es el Código Nacional de Procedimientos Penales; las leyes generales en Materia de Delitos Electorales; en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y de Salud.

De igual forma, las leyes federales para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y de Armas de Fuego y Explosivos, donde también establece que la medida cautelar se ordene para el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Todo ello, explica, es necesario para la armonización legislativa de la materia penal, afín con los preceptos constitucionales, e indispensables para el funcionamiento adecuado del nuevo sistema de justicia penal.

La iniciativa fue turnada directamente a las comisiones unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.


Formular querellas por defraudación fiscal, demandan en la Permanente

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un informe sobre el número de expedientes que han sido enviados a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En un dictamen, aprobado sin discusión, también se hace un llamado para que se formulen las querellas correspondientes a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, así como por la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Los legisladores pidieron los detalles de los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones económicas de cada uno de los expedientes remitidos.

Adicionalmente, la Comisión Permanente solicitó a la Fiscalía General de la República un reporte sobre el número de carpetas de investigación que fueron integradas en estos temas, así como las judicializadas.

En el dictamen se destaca que la participación en la construcción del erario es tarea y responsabilidad de todos los ciudadanos y que sólo con una tributación responsable se puede garantizar la prestación de servicios públicos.

La evasión y elusión fiscal son prácticas que deben combatirse, de ahí que el punto de acuerdo vaya en el sentido de allegarse de información para atender estas prácticas, particularmente la emisión de facturas falsas.

“De acuerdo con el SAT, la emisión de facturas falsas representa una pérdida de 354 mil millones de pesos para el fisco”. Esta institución ha detectado ocho mil 204 empresas que emiten este tipo de documentos apócrifos, lo que dimensiona el problema que se pretende conocer con la solicitud de información que plantea el exhorto.