Libertad de expresión y la credibilidad

*Los medios convencionales, cuestionados y diversificados a negocios

Miguel A. Rocha Valencia

En estos días en que tanto se habla de libertad de expresión, no se debe inferir que se trata de sólo de medios de información o comunicación y periodistas, sino a la posibilidad de decir lo que se piensa o revelar realidades ocultas como una responsabilidad social.

Para ello pueden aprovecharse los medios convencionales, las llamadas “benditas redes sociales” o cualquier otro medio de comunicación, incluso de persona a persona por la vía oral o señas.

Y por qué decimos que esa libertad no necesariamente se refiere a los medios de comunicación tradicionales. Simplemente porque esos instrumentos están en manos de empresarios que muchas veces anteponen criterios económicos y políticos a la esencia del periodismo o la libertad de expresión.

De hecho esa libertad no se constriñe a periodistas, comunicadores profesionales, sino a todo aquél que desea decir algo como ser humano o grupo social.

Más hoy que los medios convencionales están francamente cuestionados no sólo por quien ejerce el poder político, sino también por la sociedad, ante la cual aparecen como instrumentos de presión, negocios, con fines económicos o poco claros, pero que muchas veces nada tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión o el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Vemos a los dueños de esos medios, comprometidos en negocios muy distintos a los periodísticos; algunos ligados a cadenas de tiendas, bancos, espectáculos, formación de personalidades, head hunters, constructoras, consultorías, instituciones de participación público-privadas, hasta como proveedores de personal, incluso para el Congreso federal o locales.

De tal suerte que la libertad de esos medios se ve comprometida a cambio de prerrogativas, espacios de poder o concesiones.

Entonces hay que llegar a quienes ejercen directamente esa libertad, los periodistas que muchas veces no cuentan con los espacios en medios tradicionales para ejercer su responsabilidad a informar, como tampoco lo tienen las personas “de la sociedad civil” para decir que lo piensan.

La alternativa son los medios no convencionales, los llamados blogs o páginas de internet o los portales, como en este caso es Yo Campesino. El Twitter, Instagram y Facebook, también lo son.

A la mejor por eso, dentro del actual Gobierno se piensa regular no sólo, como ya se hace, el apoyo financiero institucional entre los que son afines a la IV Transformación y los que no, sino también el acceso al ciberespacio que hasta hoy, sólo con un pago de dominio abre ventanas.

Parece que la regulación va más allá. Esperemos que no.  

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