• Retrocede México en estado de derecho y avanza en criminalidad

Miguel A. Rocha Valencia

Mientras a nivel internacional se liberó una alerta por la intromisión del ganso en el Poder Judicial al cancelarle ilegalmente sus fideicomisos, el World Justice Project colocó a México como uno de los peores en seguridad, justicia civil y de plano, estado de derecho. Al mismo tiempo, con 170 mil asesinatos en lo que va del sexenio, el país fue ubicado como el tercero con mayor criminalidad e impunidad en el mundo.

Es decir que en seguridad y justicia el ganso logró el objetivo de colocar a nuestro país en la mira de las organizaciones mundiales que inciden directamente en la toma de decisiones incluso financieras pues de acuerdo con la encuesta del Bank of America, sus opiniones son determinantes para dirigir inversiones.

Para empezar y por quinto año consecutivo México retrocedió en el Índice Global de Estado de Derecho del WJP que nos ubicó en el lugar 116 de entre 142 países evaluados. El año pasado estuvimos en el sitio 115 y en 2018 estábamos en el 92 lo cual indica un retroceso de al menos 24 lugares. Estamos peor que Zambia, Guatemala, Jamaica o Angola.

En esa evaluación cuentan el retroceso en el orden y seguridad, deterioro de la justicia civil y el debilitamiento de los “contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa”, es decir lo que el ganso convirtió en du deporte favorito en las mañaneras.

En tanto la organización Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Trasnacional reporta que México es actualmente el tercer país con mayor índice de criminalidad sólo por atrás de Birmania o Myanmar y Colombia de quienes nos separa unas cuantas décimas. En esta evaluación son determinantes el número de asesinatos y la impunidad de que gozan los grupos delincuenciales en sus diversas actividades que incluyen tráfico de drogas, personas, armas, cobro de piso y ocupación de comunidades.

Dicha organización financiada por Estados Unidos precisa que el índice promedio mundial es de 5.03 donde Colombia alcanza 7.75 y México 7.57 en tanto que Birmania está en 8.15. Nuestro país subió una décima en los últimos dos años debido básicamente a la “corrupción cada vez más rampante”, el aumento del control territorial de la delincuencia y el crecimiento de la trata de personas.

Es obvio que nada de esto le interesa al tlatoani de Macuspana enfrentado como está con las instituciones de justicia o de transparencia como son el INAI o el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que al igual que el primero, se quedó cojo por la falta de dos de sus integrantes en la Sala Superior.

Eso mientras en el Poder Judicial crece la tensión por la cancelación a todas luces ilegal de los fideicomisos de los trabajadores y que llevó a diversas organizaciones como barras de abogados de Estados Unidos y Europa a expresar condenas a esa acción del machuchón de Palacio Nacional y sus gatos disfrazados de legisladores.

Por ello los colegios de abogados de Nueva York, Chicago, Philadelphia y Amsterdam, así como la asociación de barras de Flandes (Bélgica) y la Mexicana de Abogados emitieron un pronunciamiento contra la medida que afecta 15 mil millones de pesos para cubrir prestaciones de los trabajadores del poder Judicial y con ello limitan la capacidad de del PJF para cumplir sus obligaciones laborales principalmente del personal operativo.

Pero lo que más preocupa a los firmantes es que se intenta con ello romper equilibrios democráticos y se afecta la seguridad al limitar las capacidades de quien debe impartir justicia sin presiones o intimidación como lo hace el caudillo macuspanense desde su púlpito imperial.

Y es que “sin equilibrios y controles, el gobierno puede convertirse en una dictadura o abusar del sistema de una manera que disminuyan las libertades individuales”.

El punto es que en vez de fortalecer el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia, la chachalaca propicia todo lo contraria al ser él quien permanente viola la Constitución y leyes secundarias como las electorales, además de hacer uso del todos los recursos del Estado para golpear al  Poder Judicial al cual pretende mediatizar, someter o colonizar como lo ha hecho con las Fiscalías convertidas hoy en instrumentos de revanchas políticas o de sometimiento a empresarios, periodistas, políticos y todo aquél que no quiera cooperar con el ganso.

No es menor el tema y nos ven desde fuera con preocupación. De hecho, afecta los niveles de inversión dado que el retroceso en Estado de Derecho implica inseguridad, corrupción y desde luego la impunidad propiciada por un gobierno convertido en cartel delincuencial.