- Mal cálculo de López; la institucionalidad militar no la puede comprar
Miguel A. Rocha Valencia
Creemos que las fuerzas armadas son garantía de la estabilidad del país a través de la custodia fiel y a rajatabla de las instituciones públicas, entre ellas, la Presidencia de la República, siempre en el marco de la Ley.
A lo largo de su historia moderna, esas fuerzas armadas han dado muestra de su institucionalidad, pero hoy, como pocas veces, recibe no reconocimientos, sino prerrogativas que lo meten de lleno a la vida nacional, incluso en temas económico-financieros.
Convertida en el constructor por excelencia con aeropuerto, infraestructura urbana y bancarias, la Secretaría de la Defensa Nacional asume funciones de otras dependencias, incluyendo Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas, amén de sostener el orden y aportar personal para su apéndice “civilizado” con la Guardia Nacional.
Una Secretaría que, en otros tiempos, el sumo sacerdote de Palacio Nacional defenestró, pero que hoy, desde el poder omnímodo, sabe que con las fuerzas armadas no se juega y que, llegado el momento, por la vía tradicional de las dictaduras bananeras, será necesario contar con su apoyo.
Es decir, la entrega de concesiones, y su involucramiento en el quehacer nacional, incluso en la dispersión y custodia de recursos financieros y energéticos, así como la designación masiva de mandos castrenses que involucra una mejoría determinante en los ingresos militares, podrían tener un fondo que va más allá de una confianza gratuita. ¿O sí?
Yo no lo creo. Los estudiosos afirman que en política no hay coincidencias y que los espacios vacíos, se llenan de inmediato. Incluso podría traducir la injerencia armada en la obra pública como una presión a la inversión privada para decir que no es necesaria para el país. Error que hoy se paga y los particulares no van a meter dinero donde hay inseguridad en la recuperación y la utilidad por la falta de políticas públicas definidas y la toma de decisiones ocurrentes, sin sustento jurídico y donde no importa el daño económico ni social.
El ejemplo recurrente es el NAIM, donde a raíz de su cancelación, se nos vino una noche por falta de inversión, crecimiento y empleo.
Peor aún; «quien manda» en el país, desoyó a los cercanos que sí saben, le dijeron que no lo hiciera, pero no le importó tirar a la basura 200 mil millones de los mexicanos, perder inversiones por cerca de 30 mil millones de dólares y la confianza de la iniciativa privada nacional y extranjera, esa a la que hoy le pide que invierta y extorsiona.
Pero además el camino del autoritarismo, que se ve fortalecido con la entrega de canonjías económicas, políticas y estratégicas a las fuerzas armadas, es notable; las decisiones se vuelven unipersonales, sin importar la violación a la ley, con los subejercicios y desvíos presupuestales arbitrarios.
Pero una vez más se equivoca López Obrador: al Ejército no se le compra; la lealtad de las fuerzas armadas es a la institución constitucional llamada Presidencia de la República o Ejecutivo Federal, no a una persona, que, si llegado el momento pretende recargarse en los militares para mantenerse en el poder, será rechazado.
No importa la preponderancia que dé a los militares; estos no son bananeros no emisarios de gorilatos. Son fuerzas armadas de carrera, institucionales, cuya lealtad no se mide con dinero sino por su institucionalidad; su origen popular hace imposible que se vuelvan contra sus raíces.
De tal suerte que, si ese es el cálculo de López, está perdido, tal vez ya lo sabe, pero lo ve como una alternativa, aunque con ello continúe hundiendo al país.
Podrá tener un congreso a modo o un poder Judicial sometido, pero nunca el honor militar.
