• Festejan estrategia de seguridad con matanzas y reclamos por ausentes

Miguel A. Rocha Valencia

Justo cuando la señora Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública federal festejaba que gracias a la estrategia de inteligencia del gobierno tiene al país en el nivel más bajo del índice delictivo en cuatro años, nuevas matanzas y reclamos por desaparecidos surgieron de diversas zonas del país, incluyendo la ciudad de México.

Y coincidentemente la ONU, acusó: “los servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México”.

El Comité Contra las Desapariciones Forzadas del organismo internacional planteó que el fenómeno “sigue afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres”.

Esa tendencia dijo “se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”. Subrayó el Comité la “impunidad absoluta que impera en el país” y pidió que se impulse una real política nacional para prevenir esos actos.

Precisamente días antes, la propia secretaría de Gobernación aceptó la “existencia” de no menos de 100 mil desaparecidos, entre ellos 25 mil mujeres e igual número de niños, en cuyos casos, existe un 97 por ciento de impunidad, ya sea porque son encontrados sus restos o se presume fueron incorporados como “soldados” del crimen organizado.

Es decir, no hay castigo, como sucede con las masacres que ocurren ya todos los días a pesar de los “otros datos” oficiales que pretenden distraer la atención popular de los crimines que causan alarma y propician el aumento en la percepción de inseguridad.

Apuntaremos que de 1964 a 2022, fueron reportadas 245 mil 528 personas desaparecidas, de las cuales 145 mil fueron localizadas, de las que nueve mil 914 estaban muertas y 135 mil 605 con vida.

Respecto a los asesinatos, estos se dan en un promedio de 80 diarios, generalmente por arma de fuego y en su mayoría son grupales, como la del pasado lunes en un bar de Celaya donde 10 personas fueron tiroteadas, a los tres ejecutados por un solo sujeto en una oficina de la ciudad de México.

En ambos casos, no hay “culpables” sólo la declaratoria oficial de que “se está investigando”. El promedio de impunidad reconocido por la autoridad, es otra vez del 97 por ciento, es decir que, de cada cien asesinatos, sólo tres tienen presunto responsable.

El problema de las tendencias presentadas por la secretaria de Seguridad Pública federal, es que no son concluyentes, especialmente porque gobiernos estatales no dan toda su información. No obstante, el promedio diario oficial es de 93 asesinatos en enero de 2019, 97 en 2020, 91 en 2021 y 79 en 2022., lo cual efectivamente revela una disminución.

Pero en marzo se fueron otra vez para arriba y con un incremento del 18 por ciento registrándose en el mes dos mil 657 frente a los dos mil 261 de febrero. En abril se reportaron 84 homicidios dolosos para sumar un total de dos mil 547 entre ellos 82 feminicidios.

Con ello se demuestra que la tendencia a la baja no es tal, ya que, frente a meses con promedio de 75 crímenes por día, existen otros como agosto de 2021 en que el promedio fue de 122 diarios.

Así que antes de festejar estrategias inexistentes o fallidas, había que tomar en cuenta los niveles de impunidad y la fluctuación de las cifras, pero sobre todo una realidad donde los abrazos y cuidados de la autoridad hacia los criminales, no sólo no detiene la violencia, sino la fomenta.

Las cifras contradicen el discurso oficial ya que incluso el incremento de efectivos castrenses a seguridad para superar ya los 135 mil elementos sumados a los 100 mil elementos de la Guardia Nacional, no logra contener la violencia criminal, desatada e impune, como se ve todos los días.