- Brazo político del crimen organizado; antes caían gobernadores
Miguel A. Rocha Valencia
A los ojos de los departamentos de Estado y del Tesoro de la Unión Americana, el gobierno e México es el brazo político del crimen organizado y según dice el presidente Trump, intentará acabar con eso incluso con intervenciones directas que no se deben entender como militares, pues con las comerciales podría alcanzarle.
Por lo pronto ya son varios cientos de personajes de la ilustre camada de Morena y sus rémoras que dejaron de viajar a Estados Unidos y cuyas propiedades adquiridas al otro lado de la frontera con “el sudor de su frente”, corren peligro de ser intervenidas, embargadas o expropiadas.
No se trata sólo de quienes ya fueron avisados y a quienes les embargaron sus permisos para ingresar al vecino país, sino de sus posibles socios, compadres y amigos de quienes las autoridades estadunidenses sospechan especialmente por el manejo de dineros de dudosa procedencia. Se incluyen algunas empresas e instituciones bancarias o de bolsa.
Según los especialistas, el rastreo del dinero es la principal fuente de información para detectar a los integrantes, socios o protectores del crimen organizado, hecho que no es nuevo, pero hoy se ha hecho evidente especialmente por motivos político-financieros para presionar a México en cualquiera de las materias de relación binacional.
Los casos de Rafael Caro Quintero que inician con Miguel Ángel Félix Gallardo y todo el corredor del Pacífico que incluye Tijuana con los Arellano Félix, del Señor de Los Cielos en Juárez o Juan Nepomuseno Guerra Cárdenas en Tamaulipas y todo el Golfo de México con Juan García Abrego y los hermanos Osiel, Antonio, Mario y Homero Cárdenas Guillén son muestras de que el crimen organizado está enraizado en esas zonas y que, por las buenas o las malas, contaron con la protección política.
Ese fenómeno, el de la protección o impunidad que se da por la alianza de los criminales con los políticos, no es privativo de México sino también en países receptores de la droga, donde hay poder económico para adquirirlas como se demuestra con el alto consumo de los “importadores” donde además se hace el negocio de verdad pues recodemos que de los productores se envía “producto” que luego se “corta” y dosifica en los receptores, multiplicando las ganancias.
Por cierto, hasta hoy, no se conoce la caída de ningún capo de alto perfil en el país de mayor consumo de drogas del mundo, no obstante que su departamento del Tesoro acepta que allá, circulan más de 100 mil millones de dólares de dinero de las drogas en su sistema bancario. Tampoco se sabe de ninguna institución intervenida por ese hecho.
Eso sólo significa que los niveles de complicidad e impunidad de políticos, criminales y banqueros son muy altos, tanto o más que en México donde por lo menos se detiene a supuestos “grandes capos”, pero no se acaba el tráfico de drogas.
Estos comentarios los hicimos hace 15 años en tierras de los Arellano Félix, justo en la “euforia” de violencia criminal contra periodistas y no ha cambiado. En esa ocasión manifestamos que el poder es el brazo político del crimen organizado, tanto que en tiempos neoliberales cayeron gobernadores generales y distinguidos personajes. Hoy nadie de ese nivel es investigado, detenido o deportado, todos gozan de cabal impunidad.
O sea que la 4T cumple con la máxima de ser el brazo político del crimen que no se termina con la captura de los capos que incluso llegan a ese “alto nivel” porque no hay quien le entre al toro pues es la posición más insegura, ya que las estructuras como los negocios y empresas criminales permanecen.
Ahí tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación o al de Sinaloa en sus diversas vertientes, al del Golfo o Zetas de quienes poco se habla, pero son los amos del huachicol con jerarcas de la marina, política y empresarial involucrados.
Igual sucede con la seguridad o inseguridad de los periodistas a quienes se continúa intimidando desde el poder criminal, político y empresarial. Las cosas no cambian, empeoran, hoy se ha vuelto más notorio porque la impunidad es el sello de este gobierno. Lo de Rocha Moya es sólo un ejemplo y la intervención gringa, está aquí desde entonces, cuidando sus intereses, como se quieran interpretar.
No se nos olvide que si del otro lado nos dicen que saben quiénes son, dónde están los criminales, aquí también los militares los tienen perfectamente ubicados incluso por actividad delincuencial, pero….
Tomás Yárrington protegió a los de Tamaulipas lo mismo que Américo Villarreal; en Sinaloa ¿Quién sería el brazo político de los de Sinaloa?
Todos al amparo de La Chingada.
