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  • Jueces niegan justicia y someten aplicación de la ley a deseos del Mesías de la 4T

Miguel A. Rocha Valencia

Para el Ganso de Macuspana no es prioritario terminar con la corrupción sino hacerla suya y con ella, someter a todo el que se le ponga enfrente por la vía del chantaje, la amenaza y la condena pública. Por eso en el poder Judicial, no proceden amparos contra obras como el Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y refinería de Dos Bocas. Saben los jueces que hacerlo, desatará la cólera de quien se viste de presidente y actúa como tirano medieval.

Por eso cuando alguien intenta negociar, lo primero que exhiben sus lacayos, son carpetas de investigación o datos comprometedores de la contra parte para someterlo, no se resista y acepte lo que el profeta de la 4T le ordene. Así tiene sometidos a jueces, políticos, empresarios, líderes sociales y periodísticos así como a medios de comunicación.

Es algo que ya sabíamos. Lo denunció uno de esos empresarios de medios de información que ante la amenaza de investigaciones criminales en su contra, decidieron enfrentar el poder del Mesías tropical en el caso de contratos de participación en cárceles “privadas”.

Políticos de la anterior administración se sometieron y aceptaron acusar a sus antiguos colegas a cambio de impunidad, no ser perseguidos o al menos que no se les acuse o linche públicamente. Por eso muchos priistas están sometidos. De hecho, esa estrategia se echó a andar en base a toda la información existente en el mismo gobierno y de la cual, el oráculo de Palacio Nacional se aprovecha para consolidar su régimen sin oposición.

Las mismas amenazas que profirió contra ex funcionarios o comisionados algunos de los cuales prefirieron renunciar, las hizo a los jueces de distrito que otorgaron amparos provisionales y hoy suspensiones definitivas contra la contrarreforma eléctrica. NO tiene de dónde agarrarlos, con qué extorsionarlos y se lanza contra empresarios que pidieron la protección de la justicia, pero de manera tan burda que los acusa de abusar de subsidios inexistentes, veremos si se dejan amedrentar.

Así pasó con las resoluciones contra la construcción de Santa Lucía, donde el Juez Quinto en Materia Administrativa concedió la suspensión definitiva sobre todo porque en el mismo dictamen de impacto ambiental de la Semarnat se reconoció el grave daño ecológico, además de la ausencia de proyecto ejecutivo y los dictámenes técnicos, especialmente el de aeronavegabilidad. En junio de ese mismo año 2019, la sentencia fue confirmada por al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Ante ello, surgieron “pruebas” exhibidas en Palacio Nacional, de enriquecimiento inexplicable contra el juez federal, quien fue removido de su cargo y al poco tiempo, muy oportunamente, falleció de cáncer y las obras de Santa Lucía iniciaron incluso ante protestas por los daños a zonas arqueológicas y la ausencia de estudios de aeronavegabilidad.

Ahora, pocos valientes se atreven como Rodrigo de la Peza o Juan Pablo Gómez Fierro, Jueces Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, contra quienes se lanzó el caudillo de Tepetitán quien desde su púlpito de Palacio Nacional los condenó y acusó de estar al servicio de los grandes capitales, de ser corruptos y traidores de la Patria. Exigió de viva voz y por carta, que fueran investigados por la Judicatura Federal.

Seguramente lo hicieron como también los lacayos de encargados de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto Castillo, pero los instrumentos fallaron. Los jueces actuaron con estricto apego a derecho, y además, no les encontraron los indicios de corrupción de los que fueron acusados.

Pero hay otros jueces que no están dispuestos a aguantar la persecución y cuidan su chamba antes que su obligación de aplicar la Ley, se trata de los adscritos a los tribunales colegiados donde han rechazado o mejor dicho no se han aceptados las solicitudes de amparo contra la construcción de diversos tramos del Tren Maya y en otros casos se han tardado más de 200 días para recibirlos, como denuncia un trabajo de El Universal, uno de los medios perseguidos por la 4T.

Dicha investigación establece que hay al menos 16 solicitudes de amparos colectivos que son bateados de juzgado en juzgado pues los titulares dicen “sentirse criminalizados desde el Ejecutivo”, lo mismo que los ciudadanos solicitantes; “es delicado que desde la silla presidencial, con su poder, nos ataquen”.  Prefieren alegar incompetencia.

Es decir se ataca a particulares promoventes y jueces. La Ley del Ganso se impone a la justicia que deben impartir los juzgadores por la vía de la amenaza y el chantaje, la acusación pública con o sin pruebas. Por eso muchos políticos (priistas sobre todo) están callados en sus curules o escaños, no desean desatar la furia del Ejecutivo y sus representaciones estatales.

Los tienen “agarrados” con promesas carpetas de investigación o autos de formal prisión. Deben cooperar aunque sea falsamente como Emilio Lozoya, si no, les toca cárcel como Rosario Robles y algunos, convenientemente se accidentan y mueren.

O como sucede con el gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien osó enfrentarse al Ganso y hoy le niega el juez 12 de Distrito Penal, Rosa María Cervantes Mejía el derecho a conocer la carpeta en su contra.