• Más hubiese perdido López si la SCJN sostiene a Bonilla cinco años

Miguel A. Rocha Valencia

La verdad es que la Suprema Corte de Justicia no tenía alternativa. Si votaba a favor de la Ley que permitiría a Jaime Bonilla mantenerse cinco años como gobernador de Baja California, la poca credibilidad que le queda se habría ido al caño. Se hubiese borrado todo vestigio de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo federal.

Esa posibilidad siempre estuvo abierta luego del desliz que le grabaron a la secretaria de Gobernación y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero precisamente cuando acudió a la toma de posesión de Bonilla como mandatario bajacaliforniano, hecho que causó gran revuelo y puso en entredicho la estatura de la ex jueza.

Los ministros de la SCJN, votaron por unanimidad en contra, en una lógica legal, donde el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación estaban de acuerdo. La argumentación del presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar fue el mismo que el del magistrado ponente, Fernando Franco, quien desde el principio manifestó que lo sucedido en el Congreso de Baja California, fue un gran fraude a la Constitución.

Eso era del dominio público y aunque por una lógica legal, la Suprema Corte tendría que echar para atrás la Ley Bonilla que votó el Congreso de Baja California, incluyendo a panistas supuestamente opositores y a quienes al parecer “compró” el morenista con 10 millones de pesos a cada uno, se mantenían reservas precisamente por lo dicho por la secretaria de Gobernación, grabado y difundido profusamente.
Más todavía. Sobre el particular se manifestaron tanto el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF y pese a ello, los ministros de la SCJN no se pronunciaban.

Es más la duda se sostenía, ya que se ha visto un sospechoso sometimiento del Ministro Presidente de la Corte hacia el jefe del Ejecutivo incluso con medidas extralegales como el encarcelamiento de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles, suspensión del juez que amparó a organizaciones civiles contra la iniciación del Aeropuerto de Santa Lucía y la docilidad sin respuesta ante las amenazas de López Obrador de enjuiciar pública y sumariamente a jueces y magistrados que él dijera que eran corruptos.
En ese marco se dio la renuncia “irrenunciable” del ministro Eduardo Medina Mora y se allanó todo el camino para que personas propuestas por López, para ocupar ausencias en el máximo tribunal, fueran recomendados suyos. Y todo sin una posición firme de Arturo Zaldívar en defensa del Poder Judicial al que permitió se le denominara genéricamente como corrupto.

Empero, la decisión de la Corte tiene dos posibles causas: una, que López perdería mucho más que el propio Zaldívar si el pleno o la mayoría de los ministros votara a favor de que Bonilla se quedará cinco años, pues entonces tendría un Poder Judicial desacreditado y a un presidente del mismo, como uno de sus garbanceros, como lo son los líderes de la mayoría en el Congreso federal y varios estatales.

Eso y la situación actual de descrédito, quiebra financiera, retroceso económico y un panorama muy gris en el futuro, le restaría posibilidades de avanzar en su proyecto de Cuarta, más con un poder Judicial sometido.

Para Zaldívar Lelo, sería lo de menos, ya está sumamente desacreditado y se mantiene porque así lo quiere el Ejecutivo, si no, ya le hubieran encontrado o inventado argumentos para destituirlo, seguramente por corrupto, como acostumbra López juzgar mediáticamente a sus enemigos, en tanto que, a los amigos, como los Bartlett, les otorga justicia y gracias.

De tal suerte que no estamos muy convencidos de que el Judicial se mantenga como un poder independiente, que no esté sometido por el chantaje y la amenaza a quien toma ese recurso para afianzarse en el poder omnímodo.

Ojalá así fuera por el bien del país. Pero por esta vez, otorgaremos el beneficio de la duda.