- La principal dificultad para la inversión es la desconfianza en políticas de AMLO
Miguel A. Rocha Valencia
Ante la crisis económica de México, donde ya ni siquiera hay crecimiento sino retroceso, vemos a un presidente que lejos de aceptar la realidad y el daño causado por sus decisiones carentes de base objetiva o financiera, da patadas de ahogado y con declaraciones quiere pintar una realidad inexistente.
En ese sentido, Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia, se sacó la rifa del tigre, con la nueva designación con que lo “distinguió” el jefe del Ejecutivo, quien, de entrada, lo volvió a desmentir en relación a las inversiones privadas en el sector petrolero.
Romo dijo que estarían abiertas y López dio reversa, dijo que no y las calificó de puro cuento, a pesar de que los privados llevarían la carga del gasto y el gobierno cobraría beneficios si los hubiese.
Y ese es el principal problema al cual se enfrentará Romo, ya que, como ocurrió con el tema del NAIM, él dijo que, si continuaría, que era viable y pidió a inversionistas tener confianza. López le dio palo, lo canceló y hasta ilegalmente está desmantelando las obras.
Apenas el miércoles, López Obrador volvió a desmentir a Romo en el tema petrolero.
Así, el empresario-funcionario, la tiene muy difícil pues pocos o nadie le va a creer; no es un interlocutor fiable pues si él dice algo, el Presidente tiene la última palabra.
De tal suerte que los organismos y calificadoras internacionales, le otorgan un pronóstico de debilitamiento de la economía mexicana incluso hasta el 2021. Es decir que, aun componiéndose el panorama, nuestro país no crecerá más allá del .07 por ciento en los próximos dos años a pesar de que López afirme que el PIB subirá dos por ciento en 2020.
No existen las condiciones; la confianza internacional de los capitales no se sustituye con los nacionales y, así las cosas, no habrá financiamiento privado a cualquier proyecto que emprenda el gobierno mexicano.
Es más, el tema se complica porque, empecinado el presidente en la realización de los proyectos de Dos Bocas, el Tren Transpeninsular y el aeropuerto de Santa Lucía, no encuentra recursos privados que apoyen las construcciones y entonces, debe destinar recursos públicos para continuar los trabajos.
Y como la cobija no alcanza, ya se anuncian medidas draconianas para ingresar recursos al erario y evitar su salida con la disminución de estímulos fiscales a la inversión privada, como la cancelación de quitas en el pago de impuestos o disminución de los mismos durante un tiempo hasta la consolidación de proyectos productivos.
Para eso cerrará la pinza con el SAT, que vigilará, en base a nueva legislación, que nadie se escape y entonces empresarios que encontraban deducibilidades, se toparán con pared y, seguramente tomarán medidas para asegurar sus utilidades.
Como se ve, el tema se complica cada vez más.
