• Gasto opaco a programas de 4T para afianzar elección y nueva camada de ricos

Miguel A. Rocha Valencia

Durante el sexenio pasado desde estos espacios denunciamos la “ordeña” de por lo menos 500 mil millones de pesos anuales del presupuesto de egresos que, destinados a inversión, el hueco se llenaba con inversión privada; hoy ese monto creció en casi 150 mil millones de pesos para emplearlo a programas clientelares de la 4T, a fondo perdido, sin auditorías ni transparencia, para elecciones.

Además, en un acto de fe, debemos creer que el tlatoani tabasqueño los gastará en su clientela electoral, pero nadie puede asegurar que eso ocurrirá, pues como ya se dijo, no son auditables contra listas de beneficiarios “reales” y al mismo tiempo surge una camada de nuevo ricos en las huestes de Morena.

Para el 2021, el 42 por ciento de los recursos presupuestados para subsidios, se gastará en programas que no tienen reglas de operación, es decir que, de los 647 mil 500 millones de pesos para esos programas, 272 mil 300 corresponde a estrategias u organismos que no tienen reglas de operación o no son auditables.

Ya de por si los programas existentes no tienen manera de auditarse, independientemente de que muchos de los recursos que ejercen provienen de desvíos presupuestales por recortes y “ahorros” del gasto asignado por ley a distintas dependencias, y que maneja discrecional y directamente el Ejecutivo con su “mano santa”, como lo hará con los fideicomisos.

Pero ahora que 147 mil 500 millones más se ejercerán en dependencias y programas sin reglas de operación como el Insabi, pues menos manera habrá de saber si esos dineros llegan a su destino.

No se olvide que varios súper delegados nombrados por López Obrador están denunciados ante la Secretaría de la Función Pública por desvío o coacción en el uso de recursos públicos para fines electorales a través de programas sociales. De 102 denuncias, 97 recursos no han sido sancionados, reconoce la propia Irma Eréndira Sandoval.

El dato resulta relevante si se toma en cuenta la promesa del tlatoani olmeca quien afirmó que los cargos de súper delegados no eran para promoción política y al menos 15 de ellos van a participar en elecciones locales, algunos en segunda vuelta para ser gobernadores. Les están dando dinero público a manos llenas para lograrlo.

Lo interesante es saber de dónde van a sacar dinero el año próximo si la caída en IVA e ISR van para abajo dada la baja económica y la recuperación pronosticada por Banxico que tardará al menos seis años para regresar a niveles del 2018.

Habrá pocos causantes atrasados con sus pagos y ya no están los 300 mil millones del fondo de contingencias. Desde luego habrá que descontar los fideicomisos, las partidas presupuestales a estados de la República y sin duda, el número de despedidos en la administración federal, será mayor.

Año crucial para los morenos y su mesías para tratar de consolidar su mayoría en la Cámara de Diputados federal y lograr gobernar la mayor parte de los estados de la República para garantizar la sumisión y colaboración de mandatarios y congresos locales.

Para los mexicanos, será una hora de definición histórica pues no sólo se tratará de elegir 21 mil 360 cargos, entre ellos, los 500 diputados federales y 15 gubernaturas especialmente Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, todos con sus respectivos congresos locales, así como presidencias municipales, sino de legitimar la permanencia de un régimen que, para muchos, resultó peor que los anteriores; igual de rateros y corruptos, pero burdos, corrientes, ineptos y autoritarios.