• Ley del ganso protege a criminales que acusan a inocentes y sus captores

Miguel A. Rocha Valencia

Ni modo, Alejandro Encinas Rodríguez se metió en un berenjenal del cual saldrán raspados él y el ganso, pues no sólo se trata de desvirtuar una verdad histórica con otra similar en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sino que en la búsqueda de “paganos” se apoya en culpables confesos y se sujeta a proceso sin pruebas a quienes investigaron antes o incluso participaron en captura de presuntos responsables.

En ese camino, se hayan “pruebas” de torturas o presencia de personajes en esos actos donde en busca de jóvenes secuestrados y ejecutados sin misericordia se excedieron. Pero ¿un asesino confiesa a la primera y por las buenas su culpabilidad? No se trata de justificar excesos sino urgencias y niveles entre criminales e inocentes. Entre encontrar vivas o muertas a las víctimas.

En este sentido seguramente la instrucción del ganso a Encinas Rodríguez fue encontrar “culpables” no de los asesinatos sino de quienes fraguaron una verdad histórica que debía ser desmentida con lo que fuera, con otra verdad e iguales fallas, lagunas y “pruebas”, pero que voltease la tortilla y pusiera en el banquillo a nuevos culpables.

No importa que para ello se recurriera a criminales probados o asesinos confesos. Para la 4T era urgente una nueva narrativa que pusiera contra la pared a los de “antes” y qué mejor si es de rango, como el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien se entregó, está encarcelado y no alega en su defensa violaciones al debido proceso ni pide acogerse al beneficio de “oportunidad” para acusar a otros.

Lo mismo con el entonces coronel y hoy general en retiro José Rodríguez López, incluyendo a otros cuatro militares a quienes se imputa no sólo un mínimo de seis asesinatos sino también colusión con el crimen organizado, en base a los señalamientos de un testigo protegido que resulta, es uno de los protagonistas, delincuente, cómplice en un grupo delictivo y asesino confeso.

Vaya testigo, pero muy útil para que el profeta de la 4T cimente “su Verdad” aplique “su Ley” como ya es costumbre en este sexenio. Se trata no sólo de desvirtuar lo que hicieron los de antes, sino que en ellos recaiga una responsabilidad, que será histórica pues sentará un precedente y mostrará cómo se puede convertir en culpables de algo a quienes lo investigaron.

Será histórico porque en esta etapa no se busca castigar a culpables de los asesinatos o desapariciones como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Rodríguez, quien curiosamente y en paralelo fue exonerado por el juez tercero de distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, a pesar de existir pruebas documentales de su culpabilidad, así como los vínculos de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, cuyo parentesco con personeros de un cártel criminal fueron exhibidos. Ambos acusados de lavado de dinero.

Aún faltan al menos otros 16 militares algunos de alto rango por ser imputados y tal vez sean culpables, pero el fondo de la investigación, no cambia en nada la llamada verdad histórica que dio por muertos a los normalistas.

Y ese es el punto, ¿quién mató a los jóvenes?, ¿dónde quedaron? y si en ello estuvieron coludidos mandos militares ya que los de bajo rango, obedecieron órdenes y cumplieron. Saldrán a relucir y es ahí donde inicia el conflicto, nuevas complicidades no sólo en asesinatos sino de colusiones con el crimen organizado. Recordemos que en medio de todo está un cargamento de drogas a borde de un autobús secuestrado.

Total, que al final habrá raspones que no cambiarán los hechos de aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y que de plano sepultó el sexenio de Enrique Peña Nieto. De tal suerte que para las víctimas nada cambiará, pero si dará al mesías tropical, una narrativa de justiciero y castigador de los malos, pues ese es el fin de la investigación de Encinas Rodríguez, quien será uno de los raspados de esta etapa.

Igual quedará claro que el régimen de Peña Nieto evitó responsabilizar al instituto armado.