José Manuel Rueda Smithers
Es impresionante la cantidad de artículos y comentarios que diariamente se escriben en México en torno de la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, 22 Congresos locales y publicada ya en el Diario Oficial de la Federación.
Las reformas al Poder Judicial pueden ser desafiadas si se considera que afectan la independencia o la separación de poderes. Sin embargo, requieren de una estrategia sólida como mayorías legislativas significativas para proceder con la reversión de una reforma ya vigente.
Punto principal es el rechazo por la forma en que se desarrolló el tema y el autoritarismo con el que ahora se defiende, no solo desde el gobierno federal, sino de todos cuantos son afines al partido en el poder.
La presidente misma, Claudia Sheinbaum ha reiterado muchas veces la irreversibilidad que el asunto tiene ya en contra de uno de los poderes de la Unión, y que está a punto de ser sometido por los otros dos poderes (aunque el legislativo es una simple mesa de trámite político, ya sin muchos visos de salir con la cabeza en alto).
Y por ahora, basta poner un solo párrafo –solo uno- de un escrito que Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, publicó en el periódico El Universal. La Cultura Impar cita ese único párrafo que considera lo dice todo (Universal este 25 de octubre) del ahora catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México:
“Uno de los principios básicos en los que se funda toda democracia constitucional es que los poderes políticos del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo que tienen tal característica porque son los responsables de tomar, dentro de los límites que les impone la Constitución, las decisiones políticas (y, precisamente por esa razón, derivan de elección popular), no pueden ser también los intérpretes últimos de la ley ni los responsables de decidir cuáles de sus acciones son legales o no. Si ello fuera así, estaríamos ante el absurdo —o el abuso— de que el autor de una decisión es también el juez que determina si la misma es correcta o no. Eso sólo ocurre en los sistemas autoritarios en donde el poder político no está sujeto a control alguno, es decir, es discrecional, arbitrario e ilimitado”. Fin de la cita.
Los expertos señalan que aunque no es común, revertir una reforma constitucional en México es legalmente posible, aunque es un proceso complicado y depende de varios factores. Esto es especialmente relevante en el contexto de las reformas al Poder Judicial, como las recientes modificaciones que fortalecen la Suprema Corte y las facultades del Consejo de la Judicatura Federal.
Para revertir una reforma constitucional, es necesario un nuevo proceso de reforma.
Iniciativa de reforma: (primer escollo) Un grupo autorizado debe proponer la reforma, como el Presidente, legisladores federales, o las legislaturas de los estados.
La aprobación en el Congreso (segundo escollo): La propuesta debe ser aprobada por una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión (es decir, al menos dos tercios de los votos de los miembros presentes).
Y el tercer tope es que una vez aprobada por el Congreso, al menos la mitad más uno de los congresos locales (17 de 32) deben ratificar la reforma.
En términos de viabilidad, revertir una reforma depende de voluntad política: Si hay consenso o presión pública y política suficiente, el proceso puede avanzar.
Las Reformas significativas al Poder Judicial suelen generar un debate amplio en la sociedad y pueden estar sujetas a intereses de diferentes actores políticos y sociales. La coyuntura política, como elecciones o cambios de administración, como fue el caso.
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