Miguel Ángel Casique Olivos
El 21 de febrero, la Presidencia de México publicó un decreto que reforma, deroga y adiciona varias disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el Diario Oficial de la Federación; con esto, la institución autoriza construir vivienda social; pero tal reforma no muestra suficiente transparencia ni regulación sobre los recursos económicos porque, aunque pretende atender el déficit de ocho millones de viviendas, realmente se usarían mal los ahorros de los trabajadores correspondientes a 2.4 billones de pesos: sería casi “robar” a los derechohabientes por cumplir tal obsesión de Claudia Sheinbaum.
Con los cambios aprobados, la idea de regresar al Estado la administración y construcción de vivienda −aunque parecen buenas intenciones ante este sector, cuyo costo de menos de 600 mil pesos y que supuestamente apoyará a los mexicanos− realmente se presentaría como una “competencia desleal” hacia las demás constructoras; porque al ser empresa de gobierno, no pagaría Impuesto Sobre la Renta; pero sobre todo, está el latente riesgo de que los ahorros de los trabajadores no se recuperen totalmente.
El Infonavit, convertido en una empresa desarrolladora de vivienda (similar a lo ocurrido con el Ejército durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autorizada como empresa constructora) y “jinetear” alrededor de 117 mil millones de dólares, recursos no pertenecientes al gobierno, sino a los trabajadores, pero con asignación clara: primero, ayudar al Gobierno morenista a mantener su falsa imagen de que cumple con apoyar a los pobres distribuyendo vivienda; segundo, es falso el argumento de Sheinbaum en torno a que “los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros”; y tercero, que con la supuesta meta de construir 500 mil casas habitación, el gobierno realmente no resolverá el problema de viviendas adecuadas y con servicios dignos.
Desde hace 52 años, el Infonavit otorga créditos hipotecarios para que los trabajadores alcancen su sueño de construir una casa o realizar alguna remodelación a su hogar; así, vemos por ejemplo cómo en la Ciudad de México se construyeron unidades habitacionales durante los 70, 80 y 90 del siglo pasado; pero en 1992, el organismo únicamente las financiaría, y la construcción provendría de particulares para favorecer al sector empresarial y que el Estado participara menos en tal actividad; en esos años parecía una buena decisión oficial, pero el déficit de vivienda no se ha resuelto aún.
En México persiste la crisis de vivienda con un déficit arriba de ocho millones, unos 15 millones de familias, equivalente a 80 millones de mexicanos que no pueden adquirir una vivienda propia debido a que el precio de las casas es al menos de un millón de pesos o más, cuyas consecuencias derivan en el hacinamiento de las familias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta 9.4 millones de hogares en esas condiciones; mientras que la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado que el 38.4 por ciento de la población padece esas dificultades junto a otros problemas, como la promiscuidad, violencia familiar, abusos sexuales, violación de derechos humanos, entre otros males.
La crisis de vivienda en México no puede ocultarse; y debe abordarse y analizarse correctamente por el gobierno desde todas sus aristas, no sólo desde el costo para adquirirla, sino también revisar y atender la situación social; como consecuencia, en gran parte, por falta de empleos e ingresos dignos. Atacar la carencia de vivienda sin un plan integral no solamente dificultará la solución, sino que la agravará. Especular o jinetear el dinero “de los mexicanos para atender el problema de los propios mexicanos” no solamente significa engañar al pueblo presentando una “benévola acción gubernamental”, sino que demuestra la incapacidad de los gobernantes de Morena y la “Cuarta Transformación” para gobernar.
