La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional el tope al aumento anual de las rentas de vivienda en la Ciudad de México, una medida que busca frenar incrementos excesivos y proteger el derecho a una vivienda digna para los habitantes de la capital del país.
Con esta resolución, los aumentos en los contratos de arrendamiento no podrán ser mayores a la inflación anual registrada oficialmente. La Corte consideró que esta disposición no vulnera la libertad contractual ni el derecho de propiedad, ya que las partes pueden acordar libremente el monto inicial de la renta y las condiciones del contrato, pero el incremento anual deberá sujetarse a un límite claro.
Los ministros señalaron que el objetivo principal de la reforma es evitar abusos en los precios del alquiler, especialmente en zonas con alta demanda habitacional, donde los incrementos acelerados han provocado el desplazamiento de familias y dificultado el acceso a una vivienda estable.
Asimismo, el máximo tribunal avaló la creación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, cuyo propósito será dar seguimiento a la evolución de los precios de renta en la capital. Dicho registro deberá recopilar únicamente información básica como el monto del alquiler, la colonia y la alcaldía, sin vulnerar los datos personales de arrendadores e inquilinos.
Con esta decisión, Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó una política pública enfocada en garantizar mayor equilibrio entre los derechos de los propietarios y la protección de quienes rentan una vivienda en la Ciudad de México.
Las autoridades capitalinas señalaron que esta medida contribuirá a brindar mayor certidumbre jurídica en el mercado inmobiliario y a promover condiciones más justas para el acceso a la vivienda.
