- El país arrastra, una vez más, un diagnóstico incómodo: el crecimiento no alcanza, la productividad no despega
- No se está generando más valor con los mismos recursos, lo que limita cualquier posibilidad de mejorar los ingresos de la población
María Escalante García
México arrastra, una vez más, un diagnóstico incómodo: el crecimiento no alcanza, la productividad no despega y la desigualdad territorial sigue marcando el ritmo de una economía que avanza a dos velocidades. El más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, titulado Fundamentos para el crecimiento y la Competitividad 2026, no deja espacio para interpretaciones optimistas: el país no ha logrado cerrar la brecha del ingreso per cápita frente a las economías más desarrolladas, y las razones detrás de este rezago son estructurales, persistentes y, en muchos casos, ignoradas por la política pública.
El señalamiento no es menor. Mientras otras naciones han logrado converger —aunque sea parcialmente— con los niveles de bienestar de los países más ricos, México permanece atrapado en una especie de estancamiento crónico. El problema no es únicamente cuánto crece la economía, sino cómo lo hace y quiénes se benefician de ese crecimiento. En ese sentido, el informe revela un panorama profundamente desigual, donde la productividad —el verdadero motor del desarrollo— lleva años sin mostrar avances significativos.
Uno de los puntos más críticos es precisamente este: la productividad estancada. En términos simples, México no está generando más valor con los mismos recursos, lo que limita cualquier posibilidad de mejorar los ingresos de la población. Esta falta de dinamismo no es casualidad, sino el resultado de múltiples factores que convergen en una economía poco innovadora, con bajos niveles de inversión en tecnología, educación deficiente y un entorno empresarial que, en muchos casos, desincentiva la formalidad y la competitividad.
A ello se suma una de las grandes fallas estructurales del país: la informalidad laboral. Millones de mexicanos trabajan fuera del marco legal, sin acceso a seguridad social, estabilidad ni derechos laborales básicos. Esta situación no solo precariza la vida de las personas, sino que también reduce la recaudación fiscal y limita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo. La informalidad se convierte así en un círculo vicioso: menos ingresos públicos implican menos inversión, y menos inversión perpetúa la falta de oportunidades formales.
El problema se agrava cuando se observa la baja participación laboral, particularmente entre las mujeres. A pesar de los avances discursivos en materia de igualdad de género, la realidad económica sigue excluyendo a una gran parte de la población femenina. Factores como la falta de políticas de cuidado, la discriminación laboral y la precariedad del empleo continúan siendo barreras que impiden una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral. El resultado es una economía que desperdicia talento y limita su propio potencial de crecimiento.
Otro elemento que evidencia la fragilidad del modelo económico mexicano es la marcada desigualdad regional. El informe de la OCDE pone el dedo en la llaga: el sur del país, a pesar de recibir inversiones públicas recientes, sigue siendo la región menos productiva. En contraste, el norte mantiene niveles de desarrollo más altos, impulsados en gran medida por su cercanía con Estados Unidos y su integración en cadenas globales de valor.
Esta brecha territorial no solo refleja diferencias económicas, sino también una profunda desigualdad en acceso a infraestructura, educación, servicios y oportunidades. Los proyectos de inversión en el sur, aunque relevantes, no han sido suficientes para detonar un cambio estructural. En muchos casos, se trata de esfuerzos aislados que no logran transformar de fondo las condiciones productivas de la región.
Paradójicamente, el informe destaca que México presenta niveles de desempleo históricamente bajos. Sin embargo, este dato, que en apariencia podría interpretarse como una señal positiva, pierde fuerza cuando se analiza en contexto. Tener empleo no necesariamente implica tener un empleo digno o bien remunerado. De hecho, el bajo desempleo convive con altos niveles de informalidad y salarios reducidos, lo que revela una realidad laboral precaria y de baja calidad.
Es decir, el problema no es la falta de trabajo, sino la falta de empleos que realmente permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Esta distorsión en el mercado laboral genera una falsa percepción de estabilidad económica, cuando en realidad se trata de una estabilidad frágil, sostenida por condiciones laborales que difícilmente pueden considerarse sostenibles a largo plazo.
En cuanto a la inversión, el documento reconoce un repunte entre 2021 y 2024, impulsado principalmente por proyectos públicos de infraestructura. No obstante, este crecimiento también plantea interrogantes. ¿Se trata de una inversión estratégica y sostenible, o de un impulso temporal que difícilmente se mantendrá en el tiempo? La falta de inversión privada significativa y la incertidumbre en el entorno económico generan dudas sobre la capacidad del país para sostener este ritmo en el futuro.
