La memoria no es lo que recordamos,
sino lo que nos recuerda. La memoria es
un presente que nunca acaba de pasar.
Octavio Paz
Arturo Suárez Ramírez / @arturosuarez
Los de ahora se llenan la boca una y otra vez diciendo que son diferentes, pero los hechos los desnudan igual, una y otra vez. Se parecen a los del pasado usando a las instituciones, supuestamente autónomas, como instrumentos de la política y, sobre todo, aquellas donde se debe aplicar la justicia.
Los de la 4T se hicieron del Ejecutivo, del Legislativo —que le pasa todas las peticiones a la presidente— y qué decir del Poder Judicial con la Corte del “acordeón”. Para todos ha llegado la hora de la verdad, aunque ya se sabe cómo actúan. No hay como que ellos mismos se quiten la máscara, como decía su líder.
En los casos de Rocha Moya y de Maru Campos, la justicia no debe tratarse desde la sospecha. Se deben implementar de manera eficiente los mecanismos del derecho, sustentados en pruebas, como gritan en Palacio Nacional. El primero es de extracción morenista, amigo de López Obrador, y eso quiere decir mucho; la segunda es panista, gobierna un estado emblemático que Morena quiere ganar sí o sí, impulsando al grupo de Adán Augusto López en la persona de Andrea Chávez, quien anda en campaña, por lo menos, desde hace dos años. Además, tendrá que explicar por qué participaron agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio.
Aunque repitan en miles de discursos que la ley es la ley, contrario a lo que hacía el Pejelagarto, la percepción ciudadana es que ésta se aplica dependiendo del color político. Así ha sido en la historia reciente. Ahí queda aquel desafuero de López Obrador, orquestado por Vicente Fox para meterle el pie y sacarlo de la jugada rumbo a 2006. La justicia se aplica según la cercanía con el poder o la utilidad electoral del personaje en turno, y esos dos vaya que tienen capital político; algunos lo van a perder.
Ya les llegaron sus respectivos citatorios. Primero a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien dijo que sí se va a presentar. Luego el citatorio para Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado en Estados Unidos por narcotráfico y sobre quien han pedido extradición; incluso existe ficha roja en su contra y dos de los nueve señalados ya se entregaron en Estados Unidos. No quisieron ser juzgados por la justicia mexicana.
Dos gobernadores de estados asolados por el crimen organizado desde hace años, donde los grupos criminales se disputan las plazas, entran como empresarios y utilizan esas entidades para el trasiego de droga. Dos estados golpeados por la violencia y dos expedientes que inevitablemente provocan ruido político y que también generan votos.
Ahora veremos si la autoridad, la FGR supuestamente autónoma, mide con el mismo rasero o si, una vez más, la justicia se inclina dependiendo de quién esté sentado frente al escritorio ministerial. Además, la guerra en redes ya está en marcha: unos descalifican el trabajo de la autoridad y los otros piden desafuero y cárcel para Maru Campos.
La Fiscalía debe actuar con autonomía real o terminará convertida en una simple oficina política del régimen, algo así como la Segob. Ernestina Godoy carga, además, con el antecedente de su paso por la Fiscalía capitalina, donde la oposición denunció persecución selectiva y uso faccioso de la institución. Fiscal carnal de quien hoy es presidente, se repite el patrón.
Pase lo que pase, la presión de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump se va a incrementar; se viene lo más duro por eso andan muy nerviosos en Palacio… pero mejor ahí la dejamos.
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Hasta la próxima.
