Adalberto Villasana
Tenemos en seguridad una explosión de información, en un tema que se veía venir, pero sin el asesinato de un presidente municipal como es el caso de Carlos Manzo. El hacer la talacha no da estrellitas, pero se debe hacer. Un caso de alto impacto puede echar a la sombra un trabajo de años.
Los mismo legisladores que a finales de octubre llenaron de elogios al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, durante la glosa del Informe de Gobierno; hoy reprueban la estrategia en seguridad pública.
Aún retumban en el salón de plenos del Senado de la República, los gritos de la legisladora del PAN, Lilly Téllez, “Que no entiende que lo que procede es ir contra los criminales, queremos guerra con toda la fuerza del Estado, contra los cárteles que están asesinando”, demandó.
“¡Queremos guerra!” grito en reiteradas ocasiones, para llamar a un combate frontal en el que se maten entre mexicanos. Además, hay que considerar los “daños colaterales”, cómo denominó Felipe Calderón Hinojosa, las muertes de civiles inocentes que quedaron atrapados en el fuego cruzado.
Es cierto que a los gobiernos de la Transformación les falta resolver problemas, pero volver al PAN o al PRI, no es opción. De allá venimos y sabemos cómo nos fué. Tenemos memoria.
Ahora, el Presupuesto de Egresos 2026 presenta temas que dan material estridente a los detractores para hacer circo.
La oposición pone en duda la voluntad política para echar a andar la Estrategia Nacional de Seguridad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sufre un recorte de 10,3 millones de pesos respecto a 2025, equivalente al 18%.
El asesinato de Manzo es la bandera que el PAN y el PRI utilizan en el discurso. Los enfrentamientos, amagos de bronca y el reparto de responsabilidades sobre la inseguridad en el país y la ejecución del alcalde de Uruapan fueron la constante. “¿Quién mató a Carlos Manzo? Lo mató el gobierno, lo mató Morena”, lanzó Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI. La respuesta llegó del morenista Arturo Ávila, que acusó a la oposición de “carroñeros”, por, según él, sacar ventaja política del crimen que ha conmocionado a la sociedad mexicana.
Desde 2017, se planteó: En México se vive una grave crisis en los sistemas de seguridad y justicia, con un crimen organizado violento, en donde se requiere un rediseño de las políticas públicas con un enfoque funcional y transparente, señalaron, en ese entonces, especialistas de la UNAM.
Textualmente hay que decirlo: en las décadas de los 60 a los 80 había una sola corporación dedicada al narcotráfico, la cual se escindió en seis organizaciones, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo. Comenzaron entonces los conflictos entre ellas para controlar la producción y exportación de droga. Luego, por conflictos internos y la acción del Estado, éstas a su vez se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, hasta llegar a 12, como Los Zetas o Los Templarios.
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